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páginaRevista Tiempo. 15 de agosto de 2005. ESPAÑA
LEY ORGÁNICA DE ENSEÑANZA
Profesores en manos de Dios
La figura de
los profesores de Religión genera polémica. Los sindicatos creen que, si se
aprueba la LOE, los docentes serán empleados de una empresa ideológica”
BEATRIZ FERNÁNDEZ
A los ocho meses de nacer su
hijo, Jordi Bayarri se ha quedado sin trabajo. Profesor de Religión, había
solicitado el permiso de paternidad, por lo que el Obispado de Tortosa decidió
prescindir de sus servicios el pasado mes de junio. Como los contratos son
anuales, el próximo año no será designado para ese puesto, de forma que no
volverá al instituto donde impartía clases. Jordi Bayarri no es un caso único.
Cada curso académico, los profesores de Religión en centros públicos dependen de
la jerarquía eclesiástica para seguir trabajando. Una vida “desordenada” —como
casarse por lo civil con un divorciado o participar en sindicatos— puede hacer
que el obispo competente no les designe para el siguiente curso, y las
Administraciones Públicas se limitarán a no renovar su contrato temporal.
Este colectivo de docentes esperaba que el proyecto de Ley Orgánica de Enseñanza
(LOE), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 22 de julio, incluyese
una regulación explicita de su contratación, bajo el amparo del Estatuto de los
Trabajadores. Sin embargo, según explica Alfredo Sepúlveda, secretario
de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores- Empleados
Públicos (USIT-EP), la nueva Ley “dejará a los profesores de Religión
en manos de la jerarquía eclesiástica. Hasta ahora hemos sido empleados
públicos, pero con la LOE seremos empleados de una empresa ideológica. Ya que
dependemos directamente de ellos. ¿Por qué no dar catequesis pura y dura en las
aulas?”.
La situación actual tiene su origen en 1998, cuando un acuerdo entre el
Gobierno del PP y la Conferencia Episcopal estableció que los obispados
designarían a los profesores, mientras que el Estado se encargaría de
contratarlos y pagarles las retribuciones. La polémica surge ahora con la
disposición adicional segunda de la LOE, donde se indica que ‘la entidad
religiosa en su condición de empleador, facilitará a la Administración las
nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones”. Es decir, el
Estado hará un pago delegado de los salarios, pero las respectivas confesiones
deberán contratar a sus docentes.
Oposición sindical.
UGT y CCOO se han manifestado sorprendidos por esta novedad
introducida en el texto. UGT reclama una mesa de negociación entre el Estado,
sindicatos e Iglesia, para mejorar la precaria situación de los trabajadores y
cambiar el actual sistema de designación a dedo. Comisiones Obreras destaca que,
cuando se apruebe la LOE, habrá que desarrollar una normativa que dé cobertura
legal a los profesores, sea cual sea la confesión a la que pertenezcan: “El
Estado no puede contratar a trabajadores que están sometidos por un empresariado
—la jerarquía eclesiástica— en condiciones de discriminación. Incluso católicos
se asombran de que estos profesores puedan quedarse sin trabajo debido a que se
casan por lo civil. Les persiguen como persiguieron en su día a los heterodoxos.
Por suerte, ya no les queman”.
El secretario de la Federación de Enseñanza de USO, Adrián
Martín, considera que estas modificaciones significan “privatizar” la enseñanza
pública, contradiciendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. “La relación
laboral se estableció con las Administraciones Públicas, por eso no se puede
tomar esta decisión unilateral, además sin contar con la Conferencia Episcopal.
Nosotros hemos convocado a los profesores de Religión para septiembre, con el
fin de estudiar movilizaciones si la LOE sigue adelante en estos términos. Ya
hemos empezado a recoger firmas en contra”.
Alfredo Sepúlveda
(USIT-EP) sostiene que el Ministerio
de Educación se había comprometido a crear un marco laboral más estable para los
profesores de religión, al considerar “incomprensible” el contrato anual de
docentes que llevan 10, 15 ó 20 años desempeñando el mismo trabajo, sin que se
les reconozca ni la antigüedad ni otras garantías del Estatuto de Trabajadores”.
Nuevos empresarios.
El subsecretario de Educación, Femando Gurrea, considera que
el proyecto de ley sí garantizará la contratación de los profesores de Religión
bajo el Estatuto de Trabajadores, sea a tiempo parcial o completo, y con
idéntica retribución que los interinos. Gurrea explica que el sistema se asemeja
al instaurado en los colegios concertados, donde la jerarquía católica es la
empleadora: “Con la LOE cada institución asume la responsabilidad de las
decisiones que toma. Se trata de una educación en la fe, por lo que hacerlo de
otra forma sería una injerencia del poder del Estado sobre la Iglesia. Las
sucesivas decisiones judiciales nos indicaban que el sistema vigente no estaba
bien, por ello se intenta perfeccionar, manteniendo los derechos de todas las
partes implicadas”.
Femando Gurrea se refiere al importante coste que está
teniendo para las arcas del Estado la política de personal de los obispos. Desde
1998, el Estado ya ha tenido que desembolsar 110 millones de euros por
indemnizaciones y sentencias tras despidos improcedentes que la Administración
firma, pero que los obispados ordenan con posibles motivos inconstitucionales,
del tipo no dar buen testimonio de vida cristiana”.
A partir de la entrada en vigor de la LOE, si un prelado
decide rescindir el contrato de un profesor y éste gana la demanda en los
juzgados, el dinero saldrá de los bolsillos de la Iglesia.
La Conferencia Episcopal ya ha expresado su desacuerdo con el
proyecto de ley, ya que no ha habido diálogo ni negociación”. Considera que
limita la libertad de la escuela católica y recorta el derecho de los padres a
decidir sobre la educación religiosa y moral de sus hijos. Además la LOE, según
los obispos, “arbitra un nuevo estatuto de los profesores de Religión que
contradice la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo”. Lo cierto es que,
hasta 1998, la Iglesia ya contrataba a sus docentes. Pero se introdujo este
cambio en la relación laboral a partir de un acuerdo entre el entonces ministro
de Educación, Mariano Rajoy, y la institución católica.
Separación Iglesia-Estado.
Dentro del PSOE hay un grupo de políticos que luchan para
lograr que España se convierta realmente en un Estado laico. En esa tarea
desempeña un papel destacado la Fundación Cives, que preside Victorino Mayoral.
Este diputado socialista mantiene que “no tiene sentido que el Estado sea el
contratante de los profesores de Religión, ya que se trata de un Estado
aconfesional y laico. Otra cosa es que exista la enseñanza de la Religión en la
escuela, incluso que el Estado la financie, pero de acuerdo con el principio de
igualdad: para todas las confesiones, no sólo para unos, y para otros no”.
Mayoral defiende que la LOE respeta todos los acuerdos
firmados tanto con la Iglesia católica como con las confesiones evangélica,
judía e islámica, en el contexto de una sociedad plural. “Sin embargo, en la
actualidad nos encontramos con un modelo educativo propio de la España de los
años 80, cuando no existía la pluralidad religiosa que tenemos hoy. Estamos en
un país muy distinto. También se ve la evolución en el propio mundo católico:
más del 50 por 100 de los católicos no son practicantes. Hay un 6 por 100 de
ateos, y un 20 por 100 de agnósticos”,
matiza Mayoral.
El próximo curso político, los parlamentarnos empezarán a
debatir este polémico proyecto de ley educativa, para decidir si finalmente
ponen a los profesores en manos de Dios.
