Los profesores de religión de la Comunidad de Madrid están comenzando a cobrar sus trienios por antigüedad, después de que, tras la entrada en vigor de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, "la Comunidad de Madrid no presentase ningún procedimiento para reconocer la antigüedad a este colectivo".

   Según explicó la Unión Sindical Independiente de Trabajadores Empleados Públicos (USIT-EP), este personal laboral docente no cobraba sus complementos por antigüedad pese a que, también por ley, tienen reconocida su retribución como la de los profesores interinos del mismo nivel educativo.

   "Y es que la Comunidad que preside Esperanza Aguirre, la misma que no pierde ocasión de denunciar ante los medios de comunicación el incumplimiento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de financiación, es la única Comunidad Autónoma del Estado que no ha reconocido el mencionado derecho de antigüedad a este colectivo, obligándoles a recurrir por vía judicial", apuntaron.

   Ahora, después de casi tres años, "el Tribunal Supremo, después de haber pasado por los Juzgados de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habiendo inadmitido los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid, "finalmente ha declarado firmes" las sentencias estimatorias del Alto Tribunal madrileño.

   Gracias a ello, ya son varios los grupos de profesores que están cobrando los trienios en la Comunidad de Madrid, y otros los cobrarán en las próximas nóminas, siempre desde el inicio de su prestación de servicios "y pese al incomprensible empeño de una Consejería de Educación, cada día más restrictiva y cicatera para con los derechos de sus trabajadores".

   Así, señalaron que dicho Departamento, en lugar de actuar y reconocer un derecho por "imperativo legal", ahora se ve forzada a hacerlo por "imperativo judicial". "Pequeño, si se quiere, pero significativo botón de muestra de la sensibilidad socio-laboral del gobierno autonómico que nos rige", añadieron.  

   No obstante, insistieron en que sólo cobraran los trienios quienes los soliciten judicialmente. "A no ser que la Comunidad de Madrid, en un alarde de inusitada "generosidad", pretenda pagarlos desde las transferencias educativas, es decir desde 1999 ó 2003 y no desde que se inició la prestación de servicios con el Ministerio de Educación, antes de las transferencias", concluyeron.