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PAÍS
|
Sociedad
-
07-10-2003
El
Tribunal
Superior
de
Madrid
falla
contra
Rouco
en
el
conflicto
de
los
docentes
de
religión
"La
única
instancia
competente"
para
organizarlos
es
la
Comunidad,
sentencian
los
jueces
JUAN G. BEDOYA - Madrid
Los
reiterados
problemas
de
algunos
obispos
con
el
profesorado
de
catolicismo
contratado
y
pagado
por
el
Estado
adquieren
desde
ayer
la
categoría
de
"conflicto
colectivo"
en
la
archidiócesis
de
Madrid,
según
sentencia
la
Sala
de
lo
Social
del
Tribunal
Superior
de
la
Comunidad,
presidida
por
el
juez
Miguel
Moreiras.
El
fallo
da
la
razón
al
Comité
de
Empresa
del
profesorado
y
concluye
que
"la
única
instancia
competente"
para
regular
sus
tareas
es
la
Consejería
de
Educación,
no
el
arzobispado
del
cardenal
Antonio
María
Rouco,
ni
los
obispos
de
Getáfe
y
Alcalá
de
Henares.
Manda
quien
contrata
y
paga.
Y,
además,
la
norma
de
aplicación
es
el
Estatuto
de
los
Trabajadores,
pues
eso
es
lo
que
son
los
docentes
de
catolicismo
por
mucho
que
quien
los
propone
al
Estado
cada
año
sean
los
obispos
de
cada
diócesis.
Esta
es
la
teoría
de
la
Sección
Primera
de
la
Sala
de
lo
Social
del
Tribunal
Superior
de
Madrid,
en
una
sentencia
dada
a
conocer
ayer.
El
fallo
se
fundamenta
en
la
jurisprudencia
del
Tribunal
Supremo
y
se
une
a
una
veintena
de
sentencias
dictadas
este
año
por
tribunales
superiores
de
otras
regiones,
además
de
por
numerosas
magistraturas.
La
demanda
"ejercitando
acción
de
conflicto
colectivo",
presentada
por
el
letrado
Pedro
Gete
Castrillo
"en
nombre
del
Comité
de
Empresa
de
las
Direcciones
de
Área
Territorial
de
la
Consejería
de
Educación
de
la
Comunidad
de
Madrid",
estaba
dirigida
contra
el
Gobierno
de
Alberto
Ruiz
Gallardón,
por
"dejación
de
funciones",
pero
también
contra
el
arzobispado
de
Madrid
y
los
obispados
de
Getafe
y
Alcalá
de
Henares,
integrados
en
la
archidiócesis
que
lidera
Rouco.
¿Por
qué
un
conflicto
colectivo
si
los
problemas
con
cada
obispo
los
tienen
sólo
determinados
profesores?
La
pregunta
del
letrado
ante
el
tribunal
resultó
evidente,
por
retórica.
"Los
docentes
de
catolicismo
padecen,
en
ocasiones,
un
auténtico
mobbing
[acoso]
laboral
y
tienen
miedo
a
presentar
individualmente
estas
reclamaciones",
explicó
ayer
el
sindicato
promotor
de
la
demanda,
la
Federación
Estatal
de
Profesores
de
Enseñanza
Religiosa
(FEPER).
"La
actitud
denunciada,
por
acción
u
omisión
de
la
Administración,
no
ha
sido
nunca
pacífica,
sino
muy
contestada-unas
mil
sentencias
desde
que
la
normativa
entró
en
vigor,
en
1979-",
añaden.
La
sentencia
del
Tribunal
Superior
"condena
a
las
demandadas
[Educación
y
las
tres
diócesis
de
la
Comunidad]
a
estar
y
pasar"
por
la
solemne
declaración
de
que
"la
Autoridad
administrativa
competente
en
materia
educativa
en
Madrid
es
la
única
instancia
laboralmente
competente
para
efectuar
la
designación
o
concreta
adjudicación
a
centro
educativo
y
puesto
de
trabajo
como
profesor
de
religión
de
las
personas
que
resulten
contratadas
de
entre
aquellas
que
el
Ordinario
diocesano
haya
propuesto
para
ejercer
esa
enseñanza".
Dice
también
que
es
"la
única
competente
para
organizar,
dirigir
y
resolver
cualquier
cuestión
suscitada",
como
cambios
de
jornada,
horarios,
etc.
¿Qué
le
queda
a
los
obispos?
"El
requisito
previo
de
la
propuesta"
[de
profesores
que
debe
contratar
el
Estado
cada
año],
dice
el
tribunal
citando
los
pactos
suscritos
en
1979
entre
España
y
la
Santa
Sede.
"Un
fallo
para
Gallardón"
El
presidente
en
funciones
de
la
Comunidad
de
Madrid,
Alberto
Ruiz
Gallardón,
calificó
hace
dos
años
de
"error
grave"
el
que
algunos
obispos
mandaran
al
paro
a
profesores
de
religión
por
causas
como
divorciarse
o
participar
en
una
huelga
legal.
Los
sindicatos
le
replicaron
que
también
la
Comunidad
de
Madrid
"estaba
tolerando
esos
atropellos".
Lo
recordó
ayer
el
vicepresidente
de
la
FEPER,
Luis
Guridi.
"Es
hora
de
que
terminen
esas
injerencias
y
que
la
Administración
termine
con
esa
clara
indefensión.
Pedimos
que
cumpla
la
sentencia,
que
ponga
en
marcha
un
sistema
de
provisión
de
puestos
de
trabajo
y
que
abra
un
concurso
de
traslados",
dijo
Guridi.
La
Unión
Sindical
Independiente
de
Trabajadores
Empleados
Públicos
(USITe.p.)
recibió
la
sentencia
"como
un
golpe
de
aire
fresco"
para
un
colectivo
"sometido
a
injustas
limitaciones
de
sus
derechos
laborales".
