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páginaEL PAÍS, 6 de diciembre de 2006.
La religión contará para repetir curso en
secundaria y tendrá dos alternativas
El Gobierno cierra la larga negociación sobre esta enseñanza sin el plácet de
los obispos
CARMEN MORÁN - Madrid -
El Gobierno aprobará la nueva regulación de la religión en la
escuela sin el plácet de los obispos, pero asumiendo buena parte de sus
demandas. Un suspenso en la asignatura confesional podrá obligar al alumno a
repetir curso si tiene otros dos suspensos, y habrá dos alternativas para
quienes no la quieran: una sobre el hecho religioso, o no cursar nada esa hora.
Los profesores serán contratados de forma indefinida, y el despido deberá
justificarse, pero en la práctica los obispos podrán despedirlos cuando lo vean
oportuno, acogiéndose a los Acuerdos de 1979 entre España y el Estado de la
Santa Sede. La Iglesia valoró el "esfuerzo" del Gobierno, pero lo juzgó
insuficiente.
"Hemos acercado posiciones al máximo posible. La Iglesia ha
defendido, como es lógico, a las familias que quieren educación católica, pero
nuestra obligación es defender a todos sin que el derecho de unos a estudiar
religión suponga una obligación para los demás. Creemos que es un acuerdo,
aunque no total, razonable y respetuoso", dijo ayer el secretario general de
Educación, Alejandro Tiana.
No ha podido llegarse a un acuerdo total en este tema -uno de
los asuntos más espinosos que separan al Ejecutivo y a la Conferencia Episcopal-
porque para los obispos las cesiones del Ministerio de Educación, que encabeza
Mercedes Cabrera, siguen sin ser suficientes a pesar de que han creado una
asignatura alternativa muy similar a la de hecho religioso que introdujo el PP
en la pasada legislatura. Será (al igual que la religión) evaluable y contará
para repetir curso, pero no supondrá la única alternativa, como los obispos han
querido siempre. La segunda alternativa será no cursar nada.
Para los obispos, tener una alternativa fuerte a la religión
en la ESO no supone una competencia, sino más bien una ayuda, porque si la única
alternativa para los que no estudian religión es irse a casa o no hacer nada
(horas de estudio) muchos elegirían esto último y las matriculas confesionales
se resentirían.
Por otro lado, si los centros no son capaces, como propone la
ley, de organizar actividades para los alumnos que no quieren hacer ni religión
católica ni la optativa voluntaria de carácter religioso, los padres acabarán
matriculando a sus hijos en una de las dos, y la religión puede salir ganando,
porque normalmente ha garantizado una buena nota.
En primaria, los niños cursarán religión o las actividades
que organice el centro, que, en ningún caso, dice el decreto, podrán ser
contenidos religiosos o relacionados con el resto de las asignaturas. Como hasta
ahora no estaba muy claro quién o cómo se organizaban estas actividades u horas
de estudio, muchos padres se quejaban de que sus hijos no estaban bien atendidos
y algunos se veían impelidos a matricularlos en la asignatura confesional. Los
alumnos que estudian religión en centros públicos han pasado de un 81% a un 70%
en 10 años.
En la anterior reunión con los obispos, el Gobierno rebajó de
210 a 140 las horas de religión en la ESO. Pero ayer subieron a 175, lo que
permite prever que haya un curso con dos horas de religión semanales y los otros
tres con una hora semanal.
Respecto a la situación de los profesores de religión, la ley
les coloca bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores y sus contratos
serán indefinidos, no renovables de curso en curso, como ahora. Pero los obispos
deciden quién es idóneo para ser contratado y también cuándo deja de serlo. Eso
no va a cambiar, aunque a partir de ahora, cuando quieran despedir a un profesor
tendrán que explicar por qué ya no es idóneo. No valdrán motivos como participar
en una huelga, estar divorciado, o salir de copas. Pero sí argumentos como que
ya no es una persona adecuada para la catequesis escolar. Después, como ocurre
ahora con frecuencia, podrían recurrir a los tribunales.
Han sido ya centenares los casos en los que la justicia ha
considerado nulos los despidos de los obispos, pero las indemnizaciones se han
pagado con dinero público, puesto que la Administración educativa es la
contratadora. Unos eligen, otros contratan y pagan. Esto lo amparan los acuerdos
de la entre el Estado español y la Santa Sede. Desde 1989, esta situación le
haya costado al Estado 330 millones de euros en multas por despidos nulos.
