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páginaEL PAÍS - Sociedad - 06-12-2005
Dos sindicatos piden al Estado que proteja los derechos de los docentes de
religión
JUAN G. BEDOYA - Madrid
"No comprendemos cómo un Estado de derecho y de libertades como el español
ampara actitudes de este corte". Lo dice el presidente de la Federación
Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (Feper), Rafael Ramírez Santana,
comentando la sentencia del Juzgado de lo Social 7 de Las Palmas que condenó
hace una semana al Obispado de Canarias por "comportamiento claramente
vejatorio, ofensivo e impertinente" con un profesor de religión.
En las últimas semanas se han producido dos sentencias que descalifican la
situación laboral de los profesores de religión en la escuela pública, impuesta
por los obispos y que el Congreso de los Diputados se propone reformar en la Ley
Orgánica de Educación (LOE). El primero de los fallos judiciales es este del
juzgado de lo social canario, que condena a la Iglesia católica a indemnizar con
3.000 euros al profesor Martín Domingo Suárez Quesada por daños a su honor.
Pero, además, el Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, que obliga al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón
a indemnizar a los docentes de religión cada final de curso con la cantidad de
ocho días de trabajo por año trabajado, independientemente de que los obispos
vuelvan a proponerlos para la misma función en el ejercicio siguiente.
Este pleito fue promovido por la Unión Sindical Independiente de
Trabajadores-Empleados Públicos (USIT-EP), cuyo secretario general, Alfredo
Sepúlveda, subrayó ayer la coincidencia del fallo del Supremo con el acuerdo del
Congreso para que los profesores de religión tengan a partir de la entrada en
vigor de la LOE los mismo derechos y deberes que el resto, es decir, los
reglados por el Estatuto de Trabajadores "accediendo a los destinos mediante
criterios de igualdad, mérito y capacidad". "Aún no estando plenamente
satisfechos por la ambigüedad de estos términos, desde USIT-EP no podemos
negar que se ha avanzado en el camino correcto", advirtió Sepúlveda.
"Contratos basura"
Lo que los legisladores pretenden, introduciendo esta reforma en la LOE, es que
se acaben los pleitos entre docentes de religión y episcopado católico, y que
las diferentes Administraciones autonómicas queden liberadas de las
consecuencias de estos conflictos como responsables finales incluso de las
cuantiosas indemnizaciones que deben satisfacerse. Desde 1998 quien contrata y
paga a estos docentes es el Estado, pero los selecciona y propone cada diócesis
al comienzo de cada curso escolar.
Rafael Ramírez, que además de presidente de Feper es delegado del comité de
empresa de la Confederación Canaria de Trabajadores, hizo recuento ayer de los
pleitos pendientes por esta peculiar reglamentación laboral. Suman decenas,
entre ellas 12 cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias ante el Constitucional y cinco demandas ante el
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
