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páginaEL PAÍS, 28 de octubre de 2006. SOCIEDAD
JUAN
G. BEDOYA
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Madrid
Los profesores de religión en la escuela pública seguirán perdiendo su empleo cuando así lo pida la confesión que propuso su contratación a la autoridad educativa. Es uno de los puntos del borrador de real decreto sobre la relación laboral de estos docentes, que el Ministerio de Educación somete a consulta de las partes implicadas desde el jueves pasado. La estabilidad en el empleo de estos docentes, contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados por los obispos para cada curso, ha sido en los últimos años motivo de incontables conflictos judiciales.
"El contrato de trabajo se extinguirá", entre otras causas, "por retirada de la autorización para impartir clases de religión de la Confesión religiosa que la otorgó", propone el titulado Borrador del Real Decreto por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) . Las otras causas son: "por voluntad del trabajador; cuando la Administración educativa lo considere necesario por existir graves razones académicas o disciplinarias; y por las demás causas de extinción previstas en el Estatuto de los Trabajadores".
El borrador de real decreto está pendiente de articulación, una vez sometido a consulta de las comunidades autónomas, que recibieron el jueves el texto; de la mesa sectorial, y de las confesiones religiosas. La Conferencia Episcopal, principal protagonista en esta negociación puesto que es quien selecciona al 99% de esos docentes -entre 15.000 y 18.000 personas-, conoce desde hace días su contenido.
Pese a que el subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Gurrea, dijo ayer que no han recibido reparos "destacados" a este borrador tras las primeras consultas formales, los sindicatos que desde hace años combaten ante los tribunales de Justicia, con notable éxito, esta peculiar regulación laboral rechazaron con irritación una propuesta de la que todavía no tienen conocimiento directo.
"El real decreto ignora una de las más elementales reglas, contenida en la propia LOE: que la remoción esté ajustada a derecho aún para retirar la autorización de las confesiones religiosas, y no al nepotismo y la arbitrariedad", dijo la Unión Sindical Independiente de Trabajadores- Empleados Públicos (USIT-EP), en un comunicado de prensa. "Educación vuelve a utilizarnos como moneda de cambio de torticeros fines políticos y demuestra aquí la incompetencia y seguidismo de sus responsables. Es una tomadura de pelo a las Cortes Generales, a los profesores de religión en su merma de expectativas y a la sociedad en su conjunto", añadió.
También la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) puso el grito en el cielo. "El Gobierno se humilla ante los obispos y va en contra de la LOE
que regula que nuestra relación laboral se renovará automáticamente cada año escolar y que la remoción del empleo, en su caso, se ajustará a derecho", dijo.
El conflicto interminable
Dice la LOE que los profesores de religión en la escuela pública, contratados y pagados por el Estado, serán reclutados a propuesta de las entidades religiosas, que se renovará "automáticamente" cada año. "La remoción, en su caso, se ajustará a derecho", añade.
Con este criterio, parecía resuelto un conflicto de años ante los tribunales de Justicia, que una y otra vez condenan a los obispos y a Educación por despedir sin causa a docentes, o hacerlo por motivos como divorciarse, casarse por lo civil, irse de copas o participar en huelgas legales. Las indemnizaciones pagadas por orden judicial a unos 7.000 represaliados suman ya decenas de millones.
Los afectados suponen que el nuevo real decreto, si prospera, pone las cosas aún peor, pese a creer que la LOE les había puesto por fin bajo el largo amparo del Estatuto de los Trabajadores.
