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páginaEL PAÍS 28 - 06 - 2004 (Suplemento de
educación)
Un estudio subraya "las incongruencias" de la enseñanza de la
religión.
J.G.B. Madrid
Cuando la Administración asume la propuesta de los obispos de
no renovar a un profesor de religión por haber actuado no sólo conforme a
derecho, sino en ejercicio de derechos fundamentales (casarse con un divorciado,
ejercitar la libertad de expresión o el derecho a la huelga), actitud que se
apoya en la legislación vigente [acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede],
se producen dos consecuencias contrarias a la Constitución: a) confusión entre
funciones estatales y religiosas, que es contraria al principio de laicidad, y
b) el Estado está sancionando indirectamente a los ciudadanos por ejercitar
derechos fundamentales.
Ésta es una de las conclusiones del libro Profesores de
religión en la enseñanza pública y Constitución española, de Juan Ferreiro
Galguera, profesor de Derecho de la Universidad de A Coruña. Lo publica la
Editorial Atelier y trata de la debatida cuestión de la enseñanza de la religión
en la escuela pública, pero, sobre todo, de la legislación que afecta a los
profesores que la imparten.
Partiendo de los antecedentes legislativos en la dictadura,
Ferreiro se refiere a las diversas maneras de regular la materia durante los
gobiernos de UCD, PSOE y PP, y refleja los problemas jurídicos que han planteado
esos intentos legislativos: quién es el empleador (la Administración) y qué
naturaleza jurídica tienen esos contratos (contrato laboral atípico, de duración
anual). Y estudia el asunto que más impacto ha causado en los medios de
comunicación: el de los profesores de religión cuyos contratos no fueron
renovados por conductas que los obispos censuraban desde su moral católica, pero
que suponían el ejercicio de derechos constitucionales (contraer matrimonio con
un divorciado), e incluso fundamentales (derecho a la huelga o a la militancia
política).
El estudio detalla las medidas legislativas a adoptar para
superar los conflictos, y, en todo caso -de no adoptarse aquéllas-, aconseja
eliminar "las incongruencias" del actual sistema.
