Acaba de surgir un nuevo motivo de conflicto. Se libra en torno a la formación profesional de esos empleados. Hasta ahora, su puesto de trabajo estaba vinculado a la propuesta previa del obispo, que podía decidir hasta el destino. Es decir, los prelados no sólo los seleccionaban para que el Estado contratase y pagase, sino que imponían el lugar y las circunstancias de su trabajo.

El Gobierno ha decretado, en cambio, que esos docentes accederán "al destino de conformidad con criterios objetivos de valoración por parte de la Administración". Y fija, entre otros, "la experiencia docente", preferentemente "en centros públicos y en el mismo nivel educativo de la plaza a la que se opta", y las "titulaciones académicas, de modo preferente las más afines, por su contenido, a la enseñanza de religión". "Se respetará, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", añade el Ejecutivo.