Imprimir
páginaEL PAÍS, 16 de junio de 2006. Página 47. SOCIEDAD
La Comisión Europea reprende al Gobierno
español por el trato de los obispos a sus docentes de religión
España tiene dos meses para aplicar la legislación sobre contratos de duración
determinada
JUAN
G. BEDOYA
-
Madrid
El Gobierno español recibió ayer una advertencia por el trato
que reciben los profesores de religión católica en la escuela pública. El
reproche lleva la firma de la Comisión Europea, en concreto de la Dirección
General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, y se refiere al
estatus laboral de los docentes de catolicismo, contratados y pagados por el
Estado, pero seleccionados para cada curso por los obispos. Cada prelado puede
renovar o rescindir esos contratos sin motivación, lo que ya ha ocasionado
innumerables sentencias contra la Administración educativa y 300 millones de
euros en pago de indemnizaciones por despidos nulos o improcedentes, y por daños
morales.
Como antes con la irregular exención del pago del IVA, que
disfruta la Iglesia católica, la advertencia de la Comisión Europea reclama a
España el cumplimiento de una directiva de obligada ejecución en cada miembro de
la UE. Esta vez la norma incumplida por España se refiere al trabajo de duración
determinada. Dice la resolución, en su apartado dos: "La Comisión, en
aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 226 del Tratado de
la Comunidad Europea, invita a España a que adopte las medidas necesarias para
ajustarse al dictamen motivado en un plazo de dos meses".
El artículo 226 dice: "Si la Comisión estimare que un
Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud
del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado, después de haber ofrecido a
dicho Estado la posibilidad de presentar observaciones. Si el Estado no se
atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá
recurrir al Tribunal de Justicia".
El "dictamen motivado" de la Dirección de Igualdad de
Oportunidades, firmado por su jefe de unidad Armindo Silva, llegó ayer a poder
del sindicato denunciante, la Unión Sindical Independiente de Trabajadores
Empleados Públicos (USIT- EP).
Alfredo Sepúlveda, dirigente de USIT-EP y destinatario
de la carta de la Comisión Europea, dijo ayer que el dictamen de Bruselas
"supone un varapalo a las pretensiones de la jerarquía eclesiástica, que utiliza
una pretendida superioridad jerárquica del Acuerdo entre el Estado español y la
Santa Sede de 1979, respecto al resto de normas internas, para seguir
manteniendo los contratos de duración determinada, y controlando, a través de
ellos, a los profesores de religión".
"No podemos por menos que mostrar nuestra satisfacción
ante este importante dictamen que, a buen seguro, será cumplido escrupulosamente
por el Estado, pese a quien le pese", añadió.
