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páginaEl
Mundo,
7
octubre
2003.
España
Una
sentencia
quita
a
los
obispos
la
facultad
de
trasladar
a
los
profesores
de
Religión
Según
el
Tribunal
Superior
de
Madrid,
la
Administración
es
la
que
puede
organizar
a
los
docentes
JOSÉ
MANUEL
VIDAL
MADRID.-
Los
obispos
proponen,
pero
no
disponen.
Así
puede
resumirse
el
contenido
de
la
sentencia
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid
que
recorta
el
poder
de
los
obispos
diocesanos,
que
ya
no
podrán
asignar
o
cambiar
de
centro
a
los
profesores
de
religión
ni
modificar
sus
jornadas
laborales.
La
potestad
de
organizar
a
los
profesores
de
religión
católica
pasa
a
manos
de
la
Administración.
El
tribunal
sólo
le
reconoce
a
la
jerarquía
católica
el
derecho
de
«proponer»
anualmente
a
los
profesores
de
la
asignatura.
El
fallo
estipula
que
«es
la
autoridad
administrativa
competente
en
materia
educativa,
en
el
territorio
de
la
Comunidad
Autónoma
de
Madrid,
la
única
instancia
laboralmente
competente
para
efectuar
la
designación
o
concreta
adjudicación
a
un
centro
educativo
y
a
un
puesto
de
trabajo
como
profesor
de
Religión
de
las
personas
que
resulten
contratadas
de
entre
aquellas
que
el
Ordinario
diocesano
haya
propuesto».
La
Administración
también
es,
según
la
sentencia,
la
única
instancia
laboralmente
competente
para
«organizar,
dirigir
y
resolver
cualquier
cuestión
suscitada
por
los
profesores
de
Religión
en
materia
de
cambios
de
jornada
parcial
a
completa
o
a
la
inversa»
o
«para
decidir
en
materia
de
movilidad
intercentros
dentro
de
la
Comunidad
Autónoma
de
Madrid».
Hasta
ahora,
los
obispos
diocesanos,
a
través
de
sus
delegados
de
enseñanza,
no
sólo
proponían
cada
año
a
los
profesores
de
Religión
de
centros
públicos,
sino
que,
además,
asignaban
a
cada
uno
el
centro
y
las
características
de
la
jornada.
«Estábamos
en
una
situación
de
total
arbitrariedad.
Los
delegados
hacen
de
su
capa
un
sayo,
premian
a
los
más
adictos
y
castigan
a
los
demás
con
reducciones
de
jornada
o
cambios
de
centro
en
cualquier
momento,
mientras
la
Administración
se
lava
las
manos»,
explica
Alfredo
Sepúlveda,
secretario
general
de
la
Unión
Independiente
de
Trabajadores
de
la
Comunidad
de
Madrid
(USIT)
y
uno
de
los
promotores
del
recurso
ante
el
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid.
La
sentencia
del
citado
tribunal,
que
quita
a
los
obispos
toda
potestad
en
la
práctica
educativa,
puede
recurrirse
ante
el
Supremo,
pero
con
pocas
probabilidades
de
éxito.
La
sentencia
es
«un
golpe
de
aire
fresco
para
el
colectivo
de
profesores
de
Religión,
sometidos
a
injustas
limitaciones
de
sus
derechos
laborales»,
dice
Sepúlveda.
El
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid
no
entra
en
el
problema
de
fondo
de
unos
profesores
de
religión
pagados
por
el
Estado
y
nombrados
por
los
obispos.
Más
aún,
reconoce
que,
según
los
Acuerdos
de
1979
suscritos
entre
la
Santa
Sede
y
el
Estado
español,
los
obispos
tienen
derecho
a
«proponer»
los
profesores
aptos
para
dar
la
asignatura
de
Religión.
«Lo
que
hace
esta
sentencia
es
recortar
a
los
obispos
la
mitad
de
su
poder.
Siguen
teniendo
la
sartén
por
el
mango
de
los
nombramientos
de
profesores
y
nosotros
seguimos
con
la
espada
de
Damocles
de
contar
con
el
visto
bueno
episcopal
cada
año
para
poder
dar
clases
de
Religión,
pero,
una
vez
obtenido
el
nombramiento,
ya
no
podrán
decidir
a
su
antojo
dónde
ni
cuántas
horas
vamos
a
trabajar»,
añade
el
dirigente
sindical.
Si
la
sentencia
es
ratificada
por
el
Supremo,
la
Comunidad
de
Madrid
tendría
que
crear
una
bolsa
de
trabajo
en
la
que
cada
profesor
de
Religión
estaría
sujeto
a
una
determinada
baremación
de
méritos
y,
según
dicha
sentencia,
la
Consejería
de
Educación
tendría
que
decidir
el
centro
y
la
jornada
de
cada
uno
de
ellos.
Para
la
USIT,
la
sentencia
es
«un
golpe
de
aire
fresco
para
el
colectivo
de
profesores
de
Religión,
sometidos
a
injustas
limitaciones
de
sus
derechos
laborales.
Se
trata
del
inicio
de
la
normalización
de
la
relación
laboral
con
nuestro
empleador,
basada
en
la
objetividad
y
no
en
la
arbitrariedad
de
decisiones
unilaterales
de
la
jerarquía
eclesiástica
que
había
usurpado
esa
función».
El
sindicato
madrileño
espera
que
«esta
sentencia
de
gran
importancia
y
calado
sociolaboral
no
sea
manipulada
y
se
ejecute
en
sus
propios
términos»,
al
tiempo
que
cree
que,
de
prosperar
en
el
Supremo,
«debe
extenderse
al
resto
de
las
comunidades.
El
colectivo
de
los
profesores
de
Religión
está
integrado
por
unos
15.000
profesores.
De
ellos,
1.300
en
la
Comunidad
de
Madrid.
