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página EL MUNDO, viernes 23 de febrero de 2007. MADRID
El TC convalida los acuerdos con la Iglesia en materia de Educación.
Los obispos podrán designar y despedir a los profesores de Religión
JOSÉ MANUEL VIDAL
MADRID.- Los obispos saltan de alegría. El Tribunal Constitucional (TC) les ha
dado la razón en todo lo que venían sosteniendo, desde hace años, sobre los
profesores de Religión. El Alto Tribunal resuelve a favor de la Iglesia y
consagra una serie de artículos de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Los más
importantes: que la Iglesia debe decidir el contenido de la asignatura de
Religión y designar y destituir a los profesores que la imparten.
Hace cuatro años, las autoridades eclesiásticas de Canarias no renovaron el
contrato a la profesora de Religión María del Carmen Galayo por mantener una
relación afectiva con un hombre después de separarse de su marido. La profesora
recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que, a su vez, elevó el
caso al TC para que éste dictaminase si el Acuerdo sobre Enseñanza suscrito
entre la Iglesia y el Estado se ajusta a la Constitución.
Y el TC falló que sí en todos los extremos planteados. Primero, que les compete
a las confesiones determinar "la idoneidad" de los profesores de Religión.
Segundo, que la Iglesia puede tener en cuenta, al contratarlos y despedirlos, no
sólo sus "conocimientos dogmáticos", sino también su conducta, "en la medida en
que el testimonio personal supone para la comunidad religiosa un componente
definitorio de su credo".
El TC señala también que la facultad de elegir a los profesores de Religión
constituye una garantía de no injerencia del poder público y "no vulnera el
derecho individual a la libertad religiosa de los profesores de Religión". Y,
por último, dictamina que le corresponde a la jerarquía de la Iglesia señalar
los contenidos de la enseñanza religiosa católica, así como proponer los libros
de texto y el material didáctico.
'Ciudadanos de segunda categoría'
Los profesores de Religión están que trinan, como es obvio. "El Constitucional
hace gala de una absoluta insensibilidad y relega a los profesores de Religión a
ciudadanos de segunda categoría", considera, indignado, Alfredo Sepúlveda, del
sindicato USIT-EP.
En cambio, ayer mismo -y como si esperase el fallo- el cardenal de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, decía durante un desayuno informativo que la
jerarquía católica vive con el Gobierno un "calvario" de décadas con la clase de
Religión. Pero añadía: "Si nosotros seguimos pacientemente esa subida al
calvario, a lo mejor algún día vemos el triunfo de la resurrección".
Premonición. Rouco indicaba también que "va a ser muy difícil" que la Iglesia
católica "guarde su identidad" en la asignatura de Religión si es el Gobierno
quien nombra a sus profesores y no las diócesis, como hasta ahora. El purpurado
madrileño hacía referencia incluso a otra sentencia del TC en la que éste
sostenía que "la escuela pública debe tener una ideología neutra, no laicista".
Precisamente por eso, porque el Estado debe ser neutral, Rouco señaló que "no es
infundado el temor" de los obispos frente a la nueva asignatura de Educación
para la Ciudadanía, porque supone "un programa de antropología filosófica y
ética impuestas por el Estado". Ante esta situación, "puede estar justificada la
objeción de conciencia", concluyó al respecto.
Listo, escurridizo y con tablas, como en él suele ser habitual, Rouco dijo no
conocer al nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y encargado
directo de las relaciones con la Iglesia. Y también aseguró que no sabía si el
Gobierno tiene una "hoja de ruta laicista", pero lo que constata es que se está
cambiando el marco jurídico para interpretarlo desde una "acusada laicidad".
