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página El Mundo 1 julio 2004 Nacional
El Gobierno financiará la religión islámica con los Presupuestos.
Introducirá las clases del Corán en los colegios y fomentará la presencia de los musulmanes en los medios de comunicación públicos.
ANA DEL BARRIO - Madrid
El Gobierno financiará con los Presupuestos Generales del Estado la práctica de la religión islámica, según anunció ayer el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Además, impulsará las clases del Corán en los colegios y la presencia de los seguidores de Alá en los medios de comunicación públicos. Es decir, los espectadores de la 2, en lugar de con una misa, se podrán desayunar con el sermón de un
imán.
El Ejecutivo mostró ayer su voluntad política de impulsar los acuerdos de cooperación suscritos entre el Estado español y la comunidad islámica en 1992, que durante los ocho años de gobierno de José María Aznar apenas habían tenido desarrollo. Tras reunirse con los secretarios generales de la Comisión Islámica, Mansur Escudero y Riay Tatary, López Aguilar reiteró que el Estado contribuirá a subvencionar la actividad asociativa de la comunidad islámica.
Para el ministro, el imparable ascenso de los musulmanes en España -que rondan los 700.000- justifica la puesta en marcha de estas medidas: «El pluralismo religioso va adquiriendo creciente presencia. El deber de los poderes públicos es respetar la libertad de culto. La religión católica no tiene por qué ser de primera división frente a ninguna otra».
Número de fieles
El ministro no quiso precisar la cantidad que se va a asignar a los musulmanes, aunque se hará en función del número de fieles.«El Ejecutivo está explorando el capítulo financiero y hará una aplicación razonable y proporcionada. Apoyará con los Presupuestos la representatividad de las federaciones islámicas que cumplen una función social», explicó.
Por tanto, las ayudas económicas pueden ir destinadas a subvenciones directas a la Comisión Islámica -máximo órgano de representación de los musulmanes en España-, a la que ya se está buscando una sede. La idea del Ejecutivo es que la dotación económica ayude a los musulmanes a salir de la marginalidad en la que se encuentran teniendo que rezar en garajes. López Aguilar estima que esta iniciativa será suficiente para que afloren los 200 oratorios clandestinos existentes en España y se inscriban en el registro de Justicia.
El responsable gubernamental reconoció la dificultad de poner en marcha dichos acuerdos, que también incluyen la asistencia religiosa islámica en el Ejército y en las prisiones. De momento, el Ministerio de Educación ya ha pedido a la Comisión Islámica la lista de profesores con el fin de evaluarlos y comprobar si cumplen los requisitos para dar clases el año próximo.
Esta ha sido una reivindicación constante de los musulmanes, que hasta ahora sólo habían logrado poner en práctica en Ceuta y Melilla, donde hay 20 maestros impartiendo la asignatura de religión islámica.
López Aguilar enarboló el artículo 20 de la Constitución para justificar que los musulmanes puedan tener sus propios espacios en los medios públicos. «La ley garantizará el acceso a los medios de comunicación de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad», reza la Carta Magna.
Lejos queda el anuncio del ministro del Interior, José Antonio Alonso, de vigilar los sermones de los
imanes de las mezquitas. El titular de Justicia insistió en deslindar la práctica del Islam de las «derivaciones patológicas» del integrismo, que deben ser perseguidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Tras el encuentro, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas, Riay Tatary, pidió desvincular todos los actos de extremismo con la comunidad musulmana para normalizar la situación. Por su parte, el representante de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri), Mansur Escudero, consideró necesario «estimular el movimiento asociativo para que las comunidades perciban que tiene ventajas estar integrado en el sistema».
