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página ABC. Lunes 3 de mayo de 2004.SOCIEDAD -EDICIÓN IMPRESA - Religión
El Gobierno comenzará negociaciones con la Santa Sede para reformar los Acuerdos Iglesia-Estado.
El PSOE postula una «enseñanza laica de la Religión» en la que todos los alumnos reciban una «ética constitucional», aunque mantendrá la opción confesional
JESÚS BASTANTE/MADRID.
El Gobierno comenzará a lo largo de esta legislatura negociaciones con la Santa Sede para reformar parte de los Acuerdos suscritos en 1979 entre el Estado español y el Vaticano. Uno de los principales puntos de conflicto en la actualidad es la situación del profesorado de Religión y su proceso de selección, cuya designación, según el texto vigente, corresponde al obispo diocesano. A juicio de los socialistas, es necesaria una «nueva lectura» de los Acuerdos -de rango internacional-, para que la Iglesia deje de realizar la propuesta «para cada curso lectivo» y únicamente tenga la potestad de otorgar la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI) a estos docentes.
La postura del nuevo Ejecutivo respecto a los profesores de Religión no es otra que tratar de arrebatar, en la medida de lo posible, el control que en la actualidad tiene el Episcopado a la hora no tanto de su nombramiento sino de su cese. En esta decisión, los socialistas han tenido en cuenta las decisiones de los tribunales -especialmente en Canarias, Madrid y Cataluña- sobre despidos improcedentes a docentes de esta asignatura, que cuyo contrato no había sido renovado por haberse divorciado, convivir con otra persona fuera del matrimonio o pertenecer a asociaciones que mantienen postulados contrarios a la Iglesia en materia de aborto, divorcio y ética sexual.
No a la renovación anual
El proyecto que plantean los socialistas, y que quisieran ver plasmado antes de finalizar esta legislatura, comprendería una reforma de los Acuerdos Iglesia-Estado en dos materias: la relativa a los profesores de Religión y la que hace referencia a la asignación tributaria para la Iglesia católica. En la primera de ellas, el PSOE considera imprescindible que los obispos únicamente ofrezcan un listado de aquellos docentes que cumplan con los requisitos para poder impartir clase de Religión, haciendo especial hincapié en que dichas cualidades no tengan que ver con la situación personal del docente, sino sólo con su condición de católico y su preparación profesional.
Del mismo modo, el Gobierno ve imprescindible que la DEI no se renueve cada año, a fin de que los docentes puedan acceder a beneficios fiscales relacionados con antigüedad (trienios, sexenios, etc..), así como facilitar traslados voluntarios o cambios en las materias a impartir. El objetivo final -que los socialistas contemplan a largo plazo- no sería otro que conseguir una equiparación de los profesores de Religión al resto de docentes de las enseñanzas no universitarias.
El Gobierno también considera indispensable el cumplimiento «real» de los Acuerdos suscritos con las entidades religiosas «de notorio arraigo» en nuestro país (musulmanes, judíos y protestantes), de modo que puedan contar con su propia asignatura de Religión «en igualdad de condiciones» con los católicos.
La otra gran reforma en materia educativa se encuentra en la creación de un área curricular de segundo nivel, en la que se incluirá la opción confesional de la Religión, pero en la que todos los alumnos -opten o no por esta asignatura- habrán de impartir una «ética constitucional».
«Laicidad del Estado»
A juicio del nuevo Ejecutivo, es necesario «colocar el marco de la laicidad del Estado» en la educación, para que los escolares tengan presente que «la única forma de moralidad no está en la Religión». En este sentido, el pasado viernes el Consejo de Ministros propuso la «supresión de la reforma introducida por la LOCE en las enseñanzas de religión, manteniendo la situación actual (oferta obligatoria por parte de los centros y de opción voluntaria por parte de los alumnos). La materia no será evaluable a efectos de promoción, adquisición de becas y acceso a la Universidad».
La otra opción -no confesional- propuesta por el PSOE tendría, según las fuentes consultadas por ABC, una formación en valores religiosos desde un punto de vista histórico y cultural, pero dejando bien clara la vertiente «laica» del Estado. Esta enseñanza estaría dentro de un área de segundo nivel -cuyo ámbito horario no estaría a la altura de las «grandes asignaturas», como Historia, Lengua o Ciencias-, en la que se haría hincapié en «los valores comunes compartidos que están en la base de nuestra convivencia social» siempre desde un punto de vista no confesional.
El otro gran punto de conflicto con la Iglesia -que por el momento ha preferido no realizar ningún tipo de valoración oficial, a pesar de que se espera que el cardenal Rouco ofrezca hoy, durante su discurso con motivo de la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, un análisis de los retos a los que se enfrentan los católicos tras el triunfo de los socialistas en las generales- y cuya reforma también supondría un cambio -en ámbitos socialistas se habla de «relectura»- de los Acuerdos Iglesia-Estado, es el referente a la asignación tributaria que recibe la Iglesia por parte del Estado.
«Privilegios» de la Iglesia
En opinión de los responsables socialistas, «no es de recibo» que la Iglesia católica «mantenga unos privilegios a los que no pueden acceder otras confesiones». La opción del PSOE, que también podría ser abordada antes de que concluya la presente legislatura, pasaría por una drástica disminución del porcentaje destinado a la Iglesia a través del IRPF, así como a la desaparición del complemento presupuestario, vigente desde finales de los años 80.
En los mentideros de la Conferencia Episcopal se contempla con malestar el «giro» de la política socialista, después de ocho años de Gobierno del Partido Popular en el que, «con mucho esfuerzo», se logró la reforma de la clase de Religión -ahora paralizada- y una promesa para incrementar el porcentaje vía IRPF con destino a la Iglesia.
Del mismo modo, el Episcopado ha mostrado su preocupación por otras propuestas socialistas, que si bien no afectan directamente a la institución jerárquica, sí «tocan» gravemente algunos de los postulados históricamente defendidos por la Iglesia. Entre ellos, destaca la ampliación del aborto, la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio -en especial en materia de adopciones- y la investigación con embriones.
El otro gran asunto se encuentra en el interlocutor con el que la Iglesia habrá de encontrarse. En un principio, el PSOE habría planteado dar un mayor peso a la Dirección General de Asuntos Religiosos -dependiente del Ministerio de Justicia y cuyo titular todavía es Alberto de la Hera-, comprometiéndose a colocar en dicho puesto a un cristiano dispuesto a «tender puentes» entre socialismo y mundo cristiano. De hecho, el Ejecutivo ya había optado por un joven dirigente socialista, destacado defensor de la identidad cristiana dentro del socialismo, que contaba con el beneplácito de la Conferencia Episcopal. No obstante, el nombramiento -que parecía estar hecho la semana pasada- ha topado con un serio inconveniente: para ser designado director o subdirector general es necesario formar parte del funcionariado, y el candidato propuesto no lo era.
Una de las soluciones posibles es la de nombrar a esta persona a través de un Decreto-Ley. La otra opción -que poco a poco va ganando adeptos- sería la de designar a Víctor Urrutia, director general en la última etapa de Gobierno de Felipe González, lo cual no sería considerado como «un agravio más» por parte de la Conferencia Episcopal.
