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páginaABC 25 de agosto de 2005. Sociedad.
El Gobierno da por cerrado el diálogo con el
Episcopado sobre la enseñanza de la Religión.
Concapa y la Iglesia saludan el apoyo del Partido Popular a las movilizaciones de padres y profesores de Religión contra la política educativa del Gobierno socialista.
JESÚS BASTANTE
MADRID. El Ministerio de Educación dio ayer por «cerrado el
diálogo» con la Conferencia Episcopal sobre la reforma educativa, y achacó al
Episcopado la responsabilidad del fin de las negociaciones. En declaraciones a
ABC, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, confirmó que «a día de
hoy, no hay ninguna novedad» respecto a futuros encuentros con la Iglesia, toda
vez que «fueron los obispos quienes anularon la última reunión», prevista para
el 22 de julio, el mismo día en que el Consejo de Ministros dio el visto bueno
al proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE). «Estamos dispuestos a seguir
dialogando, pero sólo con los que quieran hablar con nosotros», apuntó Tiana.
El secretario general de Educación también quiso responder a
las críticas que dicho proyecto ha suscitado tanto en el PP como en los padres
católicos y los profesores de Religión, quienes observaron «visos de
inconstitucionalidad» en la LOE, apuntando la posibilidad de elevar una cuestión
de constitucionalidad en el caso de que no se reformen algunos aspectos de la
reforma educativa, sobre todo en lo referente a la libertad de elección de
centros, el estatus de estos docentes y la nueva situación de la asignatura de
Religión. «Las críticas del PP no suponen ninguna novedad», asumió Tiana, quien
aseguró que «nadie puede decir con base que la ley ataca la libertad de centros
ni la libertad de enseñanza. El modelo que se mantiene es el de la LODE».
Una propuesta «respetuosa»
A su vez, Alejandro Tiana aseguró que el proyecto de ley «es
plenamente constitucional y ha sido avalado por el Consejo de Estado». Sobre las
modificaciones realizadas tras el dictamen de dicho organismo, el secretario
general de Educación apuntó que «se llevaron a cabo diversos añadidos para
incorporar las recomendaciones del propio Consejo de Estado», y mostró la
disposición del departamento dirigido por María Jesús San Segundo para «analizar
a fondo todas las propuestas que surjan en el debate parlamentario».
«Hemos realizado una propuesta respetuosa con la
legislación», añadió Tiana, quien indicó que los críticos «deberían esperar a
analizar las normas que desarrolle el proyecto de ley», que podrían ver la luz a
partir de enero del año próximo, antes de anunciar posibles recursos de
inconstitucionalidad. «Los desarrollos posteriores serán analizados con las
Comunidades Autónomas, pero eso no se hará hasta que el texto de la ley quede
aprobado definitivamente por el Parlamento», subrayó.
Sobre las manifestaciones anunciadas por Concapa y los profesores de Religión, Alejandro Tiana dijo que «veremos qué pasa este otoño», aunque mostró su respeto hacia «un derecho ciudadano que cualquiera puede ejercer». Sí lanzó una velada crítica hacia el apoyo manifestado a dichas movilizaciones por el PP, señalando que «las consecuencias políticas se verán después».
Finalmente, y cuestionado sobre el malestar del profesorado de Religión ante los cambios en su estatus laboral, Tiana manifestó que «habrá ocasión para hablar con ellos y explicarles bien la situación». «El actual modelo -el empleador es la Administración, pero quienes designan a los docentes son las instituciones religiosas- crea disfunciones, pero las modificaciones en ningún caso implicarán un menoscabo en su situación laboral. Se trata de un sistema respetuoso con los Acuerdos con la Santa Sede y el Estatuto de los Trabajadores», sentenció.
«No saben nada de Educación»
Por su parte, el presidente de la Confederación de Padres de Alumnos (Concapa),
Luis Carbonel, calificó de «estupendo» el apoyo recibido por parte del PP a las
reivindicaciones de los padres católicos, postura en la que también coincidió la
Conferencia Episcopal. «Invito a todos los partidos y colectivos sociales a que
se unan a nosotros en contra de una reforma que es más política que educativa».
Tras señalar que la manifestación «se celebrará después de que nuestros hijos
hayan iniciado el curso escolar» (probablemente a mediados de octubre), Carbonel
denunció el «sectarismo escandaloso» llevado a cabo por el Ministerio de
Educación, que «miente cuando dice que la ley se ha aprobado por consenso» y que
«demuestra que sus responsables no saben nada de Educación».
Respecto a la cuestión de inconstitucionalidad, Carbonel se mostró
convencido de que «saldrá adelante», puesto que «la LOE vulnera los derechos que
están en la Constitución y pretende educar a los hijos como si fueran propios,
adoctrinándoles en lugar de formarles. Además, discrimina la libertad de
enseñanza. La situación educativa en España es desastrosa, y leyes como esta van
a empeorarla más».
