JESÚS BASTANTE

MADRID. Los profesores de Religión se han sumado a los protestas que se suceden desde el pasado 22 de julio contra la Ley Orgánica de Educación (LOE) y manifiestan ahora su intención de salir a la calle en septiembre. La causa de este descontento se encuentra en la disposición adicional segunda, referida a la asignatura de Religión, que en su apartado tres devuelve a la entidad religiosa «su condición de empleador», función que desde 1999 correspondía a las distintas administraciones educativas. Ello, sin duda, afectará a la seguridad laboral de los 18.500 docentes que imparten esta asignatura en nuestro país.

Hasta ahora, la mayor parte de las críticas al proyecto legislativo del departamento dirigido por María Jesús San Segundo giran alrededor de la asignatura de Religión, tanto en su carácter, su ubicación y la ausencia de una alternativa a la misma, como al estatus de los profesores de Religión. Tras el anuncio de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) de organizar una manifestación contra la LOE el próximo mes de octubre, que podría contar con el apoyo de la Conferencia Episcopal y del Partido Popular (que ya ha anunciado que presentará enmiendas a la totalidad de la ley), ahora son los profesores de esta asignatura quienes aseguran sentirse «traicionados» por el Gobierno.

Inseguridad y contratos leoninos

Para USIT-EP, el Ministerio de Educación «no ha sabido cumplir sus responsabilidades como empleador, ni mantener su independencia», y subrayan que la futura normativa dejará «paso libre a posibles contratos leoninos, por horas y sin la menor seguridad jurídica» para los profesores de Religión. Desde este sindicato se asegura que, tras una reunión en octubre del año pasado con Fernando Gurrea, subsecretario de Educación, el Ejecutivo se comprometió a adecuar sus contratos al Estatuto de los Trabajadores, dejando claro (como se desprende del contenido del citado encuentro) que «somos nosotros, la Administración, que es quien contrata y paga a estos trabajadores, quienes hemos de decidir y ejercer nuestras funciones».

«Una vez dependamos de la correspondiente confesión, y en aplicación de la legislación de las empresas de tendencia, seremos sometidos a la mayor de las sumisiones y esclavitud», subraya USIT-EP, que acusa al Gobierno socialista de «clamorosa dejación de funciones».

Por su parte, desde el sindicato USO se pidió a la Conferencia Episcopal «que no acepte de ninguna de las maneras esta imposición que de forma unilateral quiere perpetrar el Gobierno». USO cree que el proyecto de ley se aprobó «con nocturnidad y alevosía, hurtando el debate y la participación a la comunidad educativa y a los profesionales que pueden verse afectados por el mismo». USO estudiará medidas de movilización, y ha iniciado una campaña de recogida de firmas en favor de este profesorado.

Finalmente, FETE-UGT, en un comunicado, entiende que el Ministerio de Educación «no aporta soluciones» a la cuestión de la enseñanza de la Religión en las escuelas, «uno de los temas más controvertidos» del debate educativo, y solicita la negociación de un convenio colectivo marco que regule las condiciones laborales de los profesores de Religión.