Imprimir
página
ABC.
Sábado, 17 de junio de 2006.
Mercedes Cabrera: «Los rectores deben saber que la otra cara de la autonomía es
la de rendir cuentas»
R. BARROSO / M. ASENJO. MADRID.
Apenas lleva dos meses pilotando el Ministerio de Educación y sostiene con
firmeza sus planteamientos aunque se trate de cuestiones escabrosas y que pueden
perturbar la aplicación de las reformas educativas aprobadas o en marcha.
Mercedes Cabrera llegó desde la Comisión de Educación del Congreso con el
objetivo de desarrollar la Ley Orgánica de Educación (LOE) y reimpulsar la
reforma de la Ley de Universidades (LOU), que se aprobará a principios de 2007 y
el proceso hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este
contexto asegura que sus desafíos están «en la calidad y en la investigación».
-En los últimos días, se ha reavivado la polémica sobre la asignatura de
Religión. ¿Cuál es la situación?
-Hablamos de dos cuestiones que están relacionadas, pero no tanto, la asignatura
y los profesores de Religión.
-Vayamos por partes...
-En relación con la asignatura de Religión, está claro que va a ser una materia
de oferta obligada para los centros pero de elección voluntaria. Su regulación,
para lo que tenemos un tiempo por delante, intentará reconocer en la práctica
los derechos tanto de los padres cuyos hijos van a hacer Religión como los de
los que no la quieren. Para esto, hay seguramente varias opciones, que tenemos
que calibrar.
-¿Y los profesores?
-La disposición adicional tercera de la LOE, que entra en vigor desde el mismo
momento en que lo hizo la ley, el 24 de mayo pasado, mete a los profesores de
Religión dentro del Estatuto de los trabajadores y eso implica una serie de
derechos subjetivos.
-¿Trataron de este asunto en la última reunión con la Conferencia Episcopal?
-En esa reunión, que surgió en un clima de diálogo, de buscar acuerdos, se
programó que habría un cruce de cartas para fijar fechas de reunión y está
fijada para finales de junio y otra para julio. La Conferencia Episcopal ya lo
dijo durante el debate de la LOE, y lo ha repetido estos días, que hay ciertos
aspectos de la ley que no le gustan y con los que no está de acuerdo. Está en su
perfecto derecho, pero es una ley aprobada en el Parlamento y que pasó por el
Consejo de Estado y no tuvo ningún problema.
-Entonces... ¿Cuál es el problema?
-Los obispos consideran que la normativa contradice los acuerdos con la Santa
Sede, en los cuales se habla de propuesta anual del profesorado. Insisto en que
esto pasó por el Consejo de Estado y no se consideró incompatible. La Jerarquía
católica lo cree así y yo entiendo que los obispos consideran que pierden cierto
control sobre el profesorado de Religión.
-¿Y no es así?
-Bueno, ellos pueden retirar la «venia docendi» en cualquier momento. Pero en el
caso de remociones o no renovación de contrato de los profesores de Religión
habrá que justificarlo.
-¿No hay también un problema con las indemnizaciones?
-El Estado es el que paga y el que probablemente tenga que hacer frente a estas
indemnizaciones. Lo que pasa es que si hay una retirada de la «venia docendi»
por parte de la Conferencia Episcopal, yo no sé hasta qué punto podrá tener
otras implicaciones, la verdad es que no lo sé. Eso dependerá de las decisiones
de los jueces en el momento en que se plantee cada caso. Pero desde luego hasta
ahora el que ha corrido con los costes ha sido el Estado.
-¿Consultarán al Consejo de Estado sobre la posibilidad de que los padres pidan
exención de la alternativa a la asignatura de Religión?
-Fue algo que apareció en el documento de debate previo a la elaboración de la
ley pero no forma parte de una preocupación inmediata, ni está en el horizonte.
Si, dado el caso, la solución que se planteara fuera una alternativa y hubiera
padres que no quisieran ni una cosa ni la otra, ya se vería.
-Luego, ¿hay posibilidad de alternativa?
-Bueno, tenemos una situación vigente desde 1994 que plantea una alternativa con
distintas modalidades de enseñanza. Todavía no hemos entrado en esta discusión.
En la reunión con la Conferencia Episcopal no fue éste el tema fundamental, sino
más el profesorado de religión.
-¿Existe una base de acuerdo con la Conferencia Episcopal como alguien ha dicho?
-Entiendo que se refiere a que acordamos seguir hablando. Es un acuerdo de
diálogo abierto y donde hemos fijado reuniones a un nivel más técnico. Nadie ha
cerrado la puerta, pero no existe acuerdo de contenidos.
-Educación para la Ciudadanía es una materia que ha suscitado el recelo de
algunos sectores por temor a que invada aspectos morales...
-Creo que hay una delimitación bastante clara, incluso por puro sentido común,
entre la esfera de lo privado y la esfera pública y desde luego en ningún
momento con esta materia se ha pretendido, ni se va a pretender, irrumpir en
ámbitos privados.
-La Concapa ha amenazado con ejercer la objeción de conciencia si no están de
acuerdo con los contenidos de esta materia, ¿qué opina?
-Hablamos de Educación para la Ciudadanía en una sociedad democrática y me
cuesta un poco de trabajo pensar en la posibilidad de la objeción de conciencia
en relación con esta materia.
-¿Qué le parece el documento de las autonomías del PP sobre la aplicación de la
LOE?
-Dije que me parecía bien porque aceptaban jugar dentro de la ley, pero además
hay cuestiones que tienen que ver con aspectos pedagógicos de la LOE que están
asumidos en la propuesta del PP. Si ellos hacen bloque en sus comunidades, están
estableciendo una situación diferenciada con respecto a otras autonomías. Y esto
impide que cada una de ellas ejerza su propio margen de autonomía.
-¿Qué significa que la LOE puede mejorar en su desarrollo?
-No es tanto que se vaya a mejorar el texto como que se genere una opinión más
amplia hacia las bondades de la ley. Que podamos llegar a un pacto por la
educación en su proceso de aplicación, nos demos cuenta de que necesitamos una
estabilidad y de que esta ley lo permite.
-Algunos sectores sostienen que la reforma de la LOU otorga demasiado poder a
los rectores...
-Eso es una opinión de algunos. El texto de reforma de la ley ha tenido ya un
recorrido largo y ha sido objeto de muchas opiniones. Lógicamente, la de los
rectores ha contado. Es verdad que la modificación de la LOU tiene su centro en
el máximo respeto a la autonomía universitaria. También tiene que estar muy
claro, y los rectores lo saben, que la otra cara de la autonomía universitaria
es la de rendir cuentas. Y si las dos cosas no van juntas, no vamos hacia
adelante.
-La financiación es otra asignatura pendiente...
-Sí. Tendremos que sentarnos, y estamos dispuestos a hacerlo, con las autonomías
y con las universidades para ver si es necesario rediseñar y repensar el sistema
de financiación.
-¿En qué sentido debe orientarse ese cambio?
-La financiación ha dependido matemáticamente del número de alumnos en un
periodo de crecimiento de la Universidad. Esto ha tenido sentido hasta hace unos
años. Ahora, sin dejarlo de lado, ha llegado el momento de evaluar y valorar la
docencia por el bien de los alumnos y los profesores. Además, no hay que olvidar
que el 70 por ciento de la investigación básica se realiza en las universidades.
Y si queremos potenciar la investigación básica, hemos de permitir que las
universidades se financien también en función de su calidad investigadora.
-¿Es cierto que se ha paralizado el proceso de Bolonia, el camino hacia el
Espacio Europeo?
-Creo que estamos ante una afirmación sin demasiado fundamento. Yo siempre me
empeño en decir que son dos procesos distintos aunque relacionados entre sí
porque tienen que ver con la Universidad. Pero la reforma de la ley tiene un
contenido muy preciso y el proceso de Bolonia tiene un ritmo distinto. No ha
habido paralización sino un mensaje, que hacía falta, de separación de ambas
cuestiones y de llamada de atención de que Bolonia es un proceso abierto y
flexible en el que estamos nosotros junto con más de 40 países. Se han creado
incertidumbres, algunas de ellas sin fundamento.
-¿Van a desaparecer titulaciones?
-En absoluto. Lo que tenemos que hacer, y por eso en la reforma de la LOU hemos
cambiado el catálogo por un registro, es establecer márgenes de flexibilidad.
-¿Qué significa esto?
-Significa que habrá que evaluar las titulaciones y ver si funcionan. No tiene
por qué haber reducción de titulaciones, pero puede ocurrir que se llegue a la
conclusión de que algunas no tengan sentido o queden subsumidas en otras. Pero a
nadie se le puede ocurrir que desaparezcan unas carreras que tengan sentido, ni
Bolonia lo pide.
-¿Qué pide Bolonia?
-El eje de Bolonia es que las universidades tengan unas titulaciones lo
suficientemente transparentes y conocidas como para permitir la movilidad de
estudiantes europeos. El proceso no consiste en homogeneizar o igualar.
