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páginaEl
País.
lunes
23
de
junio
de
2003.
Sociedad
La
Santísima
Trinidad
entró
en
el
"Boletín
Oficial
del
Estado"
La
religión
católica
fue
durante
Siglos
"la
única
de
la
nación
española",
pero
nunca
llegó
a
tanto
como
en
1953,
cuando
Franco
y
Pío
XII
acordaron
el
Concordato
nacional-católico.
El
Boletín
Oficial
del
Estado
de
19
de
octubre
de
ese
año
lo
publicó
así:
"En
el
nombre
de
la
Santísima
Trinidad,
la
Santa
Sede
Apostólica
y
el
Estado
español,
animados
del
deseo
de
asegurar
una
fecunda
colaboración
para
el
mayor
bien
de
la
vida
religiosa
y
civil
de
la
Nación
española,
han
determinado
estipular
este
Concordato".
Era
un
texto
del
Ministerio
de
Asuntos
Exteriores.
Poco tardaron los españoles en reaccionar con chistes ante aquella recíproca hincada de rodillas. Uno advertía a los peatones sobre los curas motorizados: los tonsurados ya podían saltarse los semáforos porque así se lo permitía el, todo privilegiado Concordato. Era más que una broma: el Concordato, en su artículo primero, definía a la Iglesia católica como "la única de la nación española" y le adjudicaba una categoría ya insinuada en aquella inicial apelación a la Santísima Trinidad. Artículo dos: "El Estado español reconoce a la Iglesia católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno derecho de ejercicio de su poder espiritual".
Así, los curas podían exigir a la Guardia Civil que "velara por la debida observancia del descanso en los días festivos" -las multas podían ascender a 25 pesetas, según tarifa de la época-; el Estado se comprometía a indemnizar a la Iglesia "por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos"; y en premio a su "contribución a la obra de la Iglesia en favor de la Nación", se le entregaría "una adecuada dotación económica" para sueldos, construcción de templos, el sostenimiento de sus seminarios y universidades, "y para el ejercicio del Culto".
Veinte años después, cuando la Iglesia y Franco se estaban tirando los trastos a la cabeza por la rebeldía de una parte del clero secular (la dictadura llegó a abrir en Zamora una cárcel especial para curas), el presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, poco antes de ser asesinado por ETA se quejó ante el cardenal Tarancón por tal desagradecimiento. La factura, según el recuento del almirante, alcanzaba los 300.000 millones anuales. Tarancón se enfadó mucho por ese recuento y, en sus memorias, cuenta cómo Carrero incluía "entre lo dado a la Iglesia todo el coste de la construcción del Valle de los Caídos".
