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páginaEl
País,
lunes
23
de
junio
de
2003.
Sociedad
La renuncia de Rouco al consenso.
La
Iglesia
logra
imponer
sus
tesis
al
gobierno
sobre
la
enseñanza
de
religión.
JUAN
G.
BEDOYA,
Madrid
Dijo
el
cardenal
Antonio
María
Rouco
el
26
de
febrero
de
2002:
"Sin
una
solución
a
fondo
del
problema,
la
cuestión
va
de
pelotazo
en
pelotazo,
cuando
debería
ser
un
asunto
que
estuviera
por
encima
de
todos
los
partidos".
El
cardenal
acababa
de
ser
elegido
para
un
segundo
mandato
como
presidente
de
la
Conferencia
Episcopal
y
su
primera
preocupación,
su
primer
reproche,
fue
la
situación
de
la
enseñanza
religiosa
en
la
escuela
pública
española.
Rouco
tenia
aquel
día
serias
dudas
sobre
cómo
avanzar
sin
traumas
en
la
regulación
que
reclama
Roma
para
el
adoctrinamiento
de
los
escolares.
En
conferencia
de
prensa,
el
cardenal
dijo
contar
con
el
placet
del
PP,
CIU
y
PNV,
pero
no
con
la
comprensión
del
PSOE.
Declaró:
"Deseamos
y
confiamos
en
llegar
a
un
acuerdo
que
comprenda
al
PSOE,
la
otra
fuerza
importante,
que
garantizaría
una
solución
estable
a
lo
que
pactemos",
Sonriendo
con
picardía,
el
cardenal
dio
este
consejo
a
los
socialistas:
que
procedan
a
"rectificaciones
como
hizo
en
1959
el
Partido
Socialdemócrata
Alemán
en
Bad-Godesberg;
seria
bueno
para
todos".
En
la
ciudad
alemana
de
Bad
Godesberg,
el
futuro
canciller
WiIIy
Brandt
logró
en
1958
que
los
socialistas
de
ese
país
introdujeran
profundos
cambios
en
su
programa
máximo,
incluida
la
renuncia
al
marxismo,
la
lucha
de
clases
y
las
nacionalizaciones.
Rouco,
recién
ordenado
sacerdote
en
la
catedral
vieja
de
Salamanca
[28
de
marzo
de
1959],
vivió
esos
años
en
Alemania,
estudiando
Derecho
y
Teología
en
Munich,
y
fue
un
atento
observador
del
revuelo
político
de
aquellas
reformas
socialistas,
cuyo
eco
la
dictadura
de
Franco
espantaba
de
España
con
mano
de
hierro.
El
nacional
catolicismo
Algunos
críticos
de
la
reforma
acordada
por
el
Gobierno
de
Aznar
con
el
lógico
regocijo
de
los
obispos
señalan
al
Concordato
de
1953
como
origen
de
la
nueva
reforma.
No
van
descaminados.
Publicado
en
el
Boletín
Oficial
del
Estado
el
19
de
octubre
de
1953,
aquel
Concordato,
que
Roma
se
resistió
durante
años
a
conceder
a
Franco
a
pesar
de
sus
mutuos
apoyos
durante
el
golpe
militar
de
1936
y
la
Guerra
Civil,
daba
todo
el
poder
a
la
Iglesia
católica
en
esa
materia.
Decía
el
artículo
XXVII
del
Concordato
de
1953:
"El
Estado
garantiza
la
enseñanza
de
la
Religión
Católica
como
materia
ordinaria
y
obligatoria
en
todos
los
centros
docentes,
sean
estatales
o
no
estatales,
de
cualquier
orden
y
grado".
El
pacto
adjudicaba
la
tarea
en
Primaría
a
los
maestros
"salvo
reparo
por
parte
del
obispo
contra
alguno"
[para
entonces,
el
magisterio
español
había
sido
sometido
a
una
brutal
depuración
política,
ideológica
e,
incluso
física].
En
Secundaria
los
profesores
serían
"sacerdotes
o
religiosos".
Muerto
el
dictador
Franco,
España
y
la
Iglesia
de
Roma
revisaron
el
28
de
julio
de
1976
ese
concordato
nacional-católico,
ahora
con
el
nombre
de
"Acuerdo",
pero
sólo
para
librar
al
Rey
de
sus
prerrogativas
para
el
nombramiento
de
obispos,
que
Roma
no
había
logrado
arrebatar
a
Franco
tras
el
Concilio
Vaticano,
de
1965.
Pocos
cambios
más
hubo
ese
año,
pero
sí
abundantes
en
un
nuevo
"Acuerdo
sobre
Enseñanza
y
asuntos
culturales",
fechado
el
3
de
enero
de
1979,
días
después
del
referéndum
de
la
Constitución
(6
de
diciembre
de
1978).
Los
socialistas
no
estaban
informados
de
las
negociaciones
ni
del
acuerdo
final,
y
fueron
muy
críticos
con
su
contenido,
pero
no
recurrieron
al
Constitucional,
como
tantas
veces
les
han
reprochado
los
expertos
de
su
propio
partido.
El
artículo
primero
del
acuerdo
de
1979
empieza
así:
"A
la
luz
del
principio
de
la
libertad
religiosa,
la
acción
educativa
respetará
el
derecho
fundamental
de
los
padres
sobre
la
educación
moral
y
religiosa
de
sus
hijos
en
el
ámbito
escolar.
En
todo
caso,
la
educación
que
se
imparta
en
los
centros
docentes
públicos
será
respetuosa
con
los
valores
de
la
ética
cristiana".
Es
a
este
acuerdo
al
que
apelaba
cada
año
Roma
para
reclamar
las
reformas
que
acaba
de
concederle
tan
generosamente
el
presidente
José
María
Aznar,
siete
años
después
de
asumir
el
Gobierno,
En
cambio,
los
ejecutivos
presididos
por
Adolfo
Suárez
y
Leopoldo
Calvo
Sotelo
(UCD,
1977-1982),
y
por
Felipe
González
(PSOE,
1982-1996)
resistieron
las
exigencias
católicas
y
fueron
construyendo,
no
sin
agrias
polémicas,
una
regula
