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páginaEL PAÍS martes 1 de julio de 2003. Sociedad.
El PSOE acusa al Gobierno de amparar los abusos de la Iglesia con los docentes
RAQUEL GARZÓN / AGENCIAS
Tras conocerse dos sentencias judiciales que ordenan al Gobierno de Canarias readmitir a dos docentes de Religión, que fueron despedidos por no haber pagado a su diócesis "donativos voluntarios" equivalentes al 0,6% de sus sueldos, PSOE, IU, CC OO y UGT condenaron duramente esas práctica, que todos ellos coinciden en calificar de "inconstitucional".
Carme Chacón, secretaria de Educación del PSOE, acusó al Gobierno del PP de "amparar los abusos de la Iglesia" contra los docentes de Religión contratados y pagados por el Estado y seleccionados por las diócesis, a quienes se exige donar parte del sueldo a sus obispados.
Las declaraciones de la diputada socialista se fundan en dos sentencias de un juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife. Los fallos, conocidos el pasado lunes, condenaron al Gobierno de Canarias a readmitir a Santiago López Ayala y Antonio Ángel Acosta Cáceres, dos docentes despedidos por su obispo por no haber donado el 0,6% de sus sueldos. Esas causas de despido las considera probadas la Justicia, aunque el Obispado de Tenerife las niega. La Consejería de Educación ha recurrido las sentencias.
"Es falso, absolutamente falso", sostuvo José Hermógenes Martín, delegado diocesano de Enseñanza del obispado de Tenerife. "Sólo se juzgó la idoneidad para decidir estos despidos, nada tienen que ver los donativos". Esta práctica se aplica en Tenerife "por decisión de los docentes", según Hermógenes Martín, desde hace 9 años y es "estrictamente voluntaria". Los fondos recolectados, afirma, se utilizan para "publicaciones, fotocopias y servicios varios a los docentes".
Aunque Hermógenes Martín afirma que "nadie es despedido por no hacer el donativo", la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) había denunciado en septiembre de 2001 que los donativos se habían tornado obligatorios. La Iglesia rechazó entonces la denuncia.
Ante estas dos sentencias judiciales, Chacón reclamó que el Ministerio de Educación deje de "mirar para otro lado" y "tome cartas en el asunto" para evitar situaciones contrarias tanto a la Constitución como al Estatuto de los Trabajadores.
El secretario general de FETE-UGT, Jesús Ramón Copa, fue más allá y calificó de "chantaje" una práctica que obliga a los docentes a donar parte de su sueldo a la Conferencia Episcopal que los elige para el puesto.
Franco González, responsable del área de educación de Izquierda Unida habló de "auténticos impuestos revolucionarios". Puede que los donativos se pidan de manera light, sostuvo el político, pero pretender que los profesores donen parte de su sueldo es "impresentable".
Luis Guridi, presidente de FEPER, celebró las sentencias y reclamó para el colectivo que representa condiciones laborales similares a las del resto de los docentes españoles. Actualmente, merced a un convenio internacional entre España y la Santa Sede, el Estado contrata y paga a los profesores, pero es la Iglesia la que los elige y remueve. Esto, según Guridi, avala estos despidos "improcedentes" y "arbitrarios".
