Con la iglesia hemos topado

Madrid, 7 de mayo, 2018

Estimadas/os compañeras/os:

Un año más la DGRRHH ha publicado la Resolución de provisión de vacantes y jornadas que, como espada de Damocles, se cierne anualmente sobre el colectivo de profesores de Religión. Como es habitual, llega sin que medie ningún tipo de negociación ni explicaciones con quienes legítimamente representamos a los trabajadores/as de este colectivo. Aunque eso sí, como otros años, dichas jornadas habrán sido consensuadas con las delegaciones diocesanas de enseñanza.

Este no será el único atropello y ninguneo para con este colectivo y sus derechos laborales y sindicales. Es solo la punta del iceberg de una sangría en reducciones de jornadas que, año tras año, esta Administración impone unilateralmente a los trabajadores, bajo el pretexto de la manida «planificación educativa», nunca explicada a los interesados ni a sus legítimos representantes. Trabajadores que, dicho sea de paso, elevan sus quejas al comprobar cómo algunos compañeros de muy reciente incorporación, terminan con más jornada que quienes llevan muchos años… E incluso se “recrimina a los sindicatos por no hacer nada ante lo que consideran injusto”. Sindicatos que, salvo USIT-EP (que ha demandado varias de estas resoluciones de la Administración), hacen «mutis por el foro».

Sindicatos del Comité de Empresa que continúan guardando silencio ante las graves actuaciones de la Administración que, después de las adjudicaciones públicas y publicadas; con nocturnidad y alevosía, sin ningún tipo de comunicación y control por los sindicatos con representación en el Comité de empresa, aunque con conocimiento y connivencia de las delegaciones diocesanas, sigue contratando a nuevos profesores con contratos indefinidos.

Así, en el pasado curso 2016-17 se realizaron 28 nuevos contratos indefinidos. Mientras que, según los datos publicados por la administración en un anexo de la propia provisión, al finalizar ese curso había 221 personas con jornadas parciales. En el presente curso 2017-18,ya se han realizado 44 nuevos contratos indefinidos. Nuevas contrataciones indefinidas que volverán a incrementar, en el próximo nuevo proceso de adjudicaciones, el número de participantes sin ningún destino (el año pasado ya fueron 53); y que como todos sabemos, tal y como está la norma, serán los primeros en coger destino, dificultando a todos el poder completar jornadas. La misma Administración reconoce que 1/3 de la plantilla no tiene jornada completa.

A mayor abundamiento, la sombra de la sospecha sobre las contrataciones indefinidas realizadas a posteriori de los actos de adjudicación de vacantes para cubrir plazas que no fueron ofertadas en dichos actos, deviene incluso en clamoroso fraude de ley en algún caso. En el último procedimiento de adjudicaciones provisionales, de 8 de septiembre de 2017, se adjudicó a un profesor de la diócesis de Alcalá dos medias jornadas en dos centros. Nada raro en ello. Pero sí llamó nuestra atención y sospecha que, tan solo unos días después, para uno de esos centros en que se ofertó solo el 50% de jornada, el 26 de septiembre se hiciera un nuevo contrato indefinido a jornada completa, a don Luis Eduardo Morona Alguacil, quien nunca había impartido docencia ni estaba en los listados de sustitutos para acceder a una vacante. En esa misma fecha, se realiza un contrato de sustitución (interinidad), a tiempo completo, del citado don Luis Eduardo Morona Alguacil, quien no tiene que incorporarse al centro; y que no es otro que el propio delegado diocesano de enseñanza de la diócesis alcalaína.

Es decir, si ya resulta sospechoso el hecho de no ofertar en el acto público del día 8 de septiembre esa jornada a tiempo completo —pues se sabía que su titular iba a pedir una excedencia—, es escandaloso y fraudulento que, posteriormente, se realice lo que entendemos un “contrato simulado”, en beneficio del propio delegado diocesano, quien nunca ha ejercido las funciones docentes como profesor de Religión en centros públicos: por cuanto se le contrata y libera para el servicio de la diócesis en el mismo día, pero retribuido como profesor de Religión.

Lo dicho no son meras ni gratuitas especulaciones, sino hechos objetivos que merecen una explicación, como así ha solicitado USIT-EP a la Administración y al propio interesado, don Luis Eduardo Morona. Y tras obtener la callada por respuesta de ambos, el asunto ha sido trasladado a los juzgados de lo social por si hubiera contrato simulado y fraude de ley. Veremos qué dicen y con qué fundamentos. Pero mucho nos tememos que se haga presente el conocido dicho cervantino: ¡con la iglesia hemos topado, amigo Sancho!

En todo caso, más allá de las cuestiones jurídicas, también hay implicaciones morales. Dada la creciente precariedad en el empleo de los profesores de Religión, con mermas de jornadas y salarios, entendemos que esta contratación resulta éticamente reprobable. Más aún cuando la persona beneficiada es un cargo diocesano, de una institución a la que no le tiembla el pulso en casos en los que, presuntamente, no se lleva una vida conforme a la doctrina de la Iglesia. Conductas como esta hacen un flaco favor a la dignidad de la asignatura y de los docentes. Es más bien, como suele decirse, «fuego amigo». Silenciarlo no solo va en detrimento de todo el colectivo, sino que nos convertiría en cómplices, aun sabiendo que algunos —o muchos— querrán ¡matar al mensajero!

Desde USIT-EP seguiremos, como siempre, atentos y vigilantes para la defensa de los intereses legítimos de todo el colectivo de profesores de Religión.

Un saludo,