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EL MAGISTERIO ESPAÑOL. Nº 194. 15 de octubre de 2003. Comunidad de Madrid. Página 11.

Rodrigo SANTODOMINGO.

RELIGIÓN. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid limita la potestad de los obispos a la propuesta de nombramiento.

La Consejería decidirá el centro y la jornada de los profesores de Religión.

El voto particular de un magistrado desestima la demanda interpuesta por el comité de empresa de este colectivo. Mientras, la jerarquía ya ha recurrido la sentencia.

La relación laboral entre los profesores de Religión y la Administración educativa se estrecha. Un colectivo tradicionalmente situado entre dos tierras la Administración regional y la Iglesia a la hora de determinar sus condiciones en el ejercicio de la actividad docente estará, según consta en una sentencia del Tribunal Superior de Madrid, supeditado a la primera en todo lo relativo a la designación del centro y al establecimiento y posibles cambios de sus jornadas de trabajo. Queda en manos de los Obispos de las diócesis de Getafe y Alcalá de Henares y la archidiócesis de Madrid la potestad de proponer a los profesionales más cualificados para ejercer la enseñanza de la Religión en la Pública madrileña, algo que se interpreta como un nombramiento de facto. 

Voto Particular

La sentencia llega como consecuencia de una demanda interpuesta el pasado 12 de junio por el comité de empresa que representa a este colectivo en nuestra región contra un supuesto conflicto colectivo entre el Gobierno madrileño y la jerarquía a la hora de, decidir y gestionar las condiciones laborales de los docentes de Religión.

Los magistrados que aprobaron la sentencia entienden que dicho conflicto existe y que la forma de resolverlo es delimitando de forma clara que competencias corresponden a cada parte. Sin embargo un voto particular del juez Juan José Navarro Fajardo desestima la demanda al considerarse probado que los representantes de la Consejería y la Iglesia han enfatizado “que no se produce problema de coordinación alguno”

Bolsa de trabajo

Para Alfredo Sepúlveda, secretario general de USIT-EP y uno de los principales promotores de la demanda, la sentencia supone una noticia “muy positiva”, aunque su sindicato ya ha pedido “que se cree inmediatamente una bolsa de trabajo, algo que parece el siguiente paso lógico si atendemos al contenido” de la misma. “Tampoco renunciamos a la fijeza del puesto de trabajo”, añade Sepúlveda. En la actualidad, la Administración contrata a los profesores de Religión por periodos anuales.

Por su parte, USO afirma, que “la sentencia descarga a las diócesis de una tarea compleja y que estrictamente no los correspondía hacer, aunque si consideramos que deben seguir colaborando”. 



“También queremos un estatuto claro del docente de Religión” 

Rosa de la Cierva, portavoz de Educación de las tres diócesis madrileñas, reconoce que está más de acuerdo con el voto particular del magistrado Juan José Navarro que con la sentencia: “de hecho, los servicios jurídicos de las diócesis ya la han recurrido”.

Para De la Cierva, “el fallo no le da valor al dictamen del servicio jurídico de la Consejería de Educación madrileña con fecha de 8 de mayo de 2000, que reconoce que la propuesta es más que el nombramiento, además de admitir que el profesorado de religión no puede estar en el convenio colectivo del resto del profesorado”. 

“El recurso se basa en que no hay un conflicto de carácter colectivo, y a que las condiciones del empleador no tienen por que incluir la designación”, anuncia la portavoz diocesana. “Proceso de designación que, por otra parte, siempre se consensúa con la Administración regional, con reuniones con Personal desde mayo: allí se conocen las peticiones, los problemas surgidos, etc. Esto es un intento de algunos sindicatos para ser ellos los que decidan qué profesor va a cada centro”.

Rosa de la Cierva apunta a que “fueron los sindicatos docentes de funcionarios los que se negaron a que el profesor de Religión pudiera completar horarios con otras materias porque eso podía ser una vía de entrada por atrás a la Administración pública. La Iglesia es la primera interesada en que los profesores de Religión tengan un estatuto claro, pero este no puede consistir en funcionarizarlos, como pretenden”.