“Si como consecuencia del Pacto fuese necesario hacer algún cambio normativo, con mucho gusto lo haremos si es para la mejora de la Educación en nuestro país”. Fueron las palabras del ministro, Ángel Gabilondo, tras la reunión que mantuvo el pasado 29 de septiembre con la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal. Y, en efecto, el Ministerio está manejando diversos temas en los que no se opondría a cambiar la ley si el Pacto contase con una mayoría abrumadora. Según fuentes del Gobierno, “uno de esos temas consistiría en dotar al Bachillerato de un año más, a través de la modificación de tres o cuatro artículos de la LOE”.

La estructura del Bachillerato viene recogida en la LOE desde el artículo 32 al 37, donde se especifica que “comprende dos cursos”. Hay que tener en cuenta que el cambio sólo afectaría a algunos artículos, ya que el propio ministro aclaró que “no se dan las circunstancias en este momento ni es la demanda del país entrar en la elaboración de nuevas leyes educativas”.

Otro de los temas que se manejan es el carácter educativo de la etapa de 0 a 6 años al completo, donde también se produce una falta de acuerdo caracterizado por un modelo que para el Gobierno “está roto”, ya que el desarrollo que se está haciendo es muy disperso entre distintas consejerías, ya sean de Educación, de Familia o de Asuntos Sociales. Según fuentes del Gobierno “el objetivo sería crear un modelo único, ya que incluso la OCDE la considera una etapa clave”.

En cuanto al programa Escuela 2.0, el Gobierno es consciente de los avances que ya han venido realizando varias comunidades autónomas en cuanto a la incorporación de recursos TIC en las aulas –ya sean pizarras digitales u ordenadores–, por lo que el Ministerio también va a intentar buscar junto al PP una unidad de criterio en cuanto a la aplicación de todas las cuantías económicas dedicadas al programa.

Autoridad del profesor

El Gobierno también va a atender la demanda por parte del PP de mayor autoridad del profesorado canalizando esta petición a través del Estatuto Docente. El objetivo es, en primer lugar, llegar a un acuerdo con los sindicatos en todo lo referente a la carrera docente, los grados, la evaluación del profesorado o los equipos directivos. Y en segundo lugar, trasladar todos esos acuerdos al PP, aunque la intención del Gobierno no es crear una mesa tripartita, sino poder coincidir con el principal partido de la oposición en temas como la inclusión de la autoridad del profesorado o la elaboración de la carrera docente.

El PP ya presentó el pasado mes de julio una proposición de ley que modificara la LOE para considerar al profesorado como autoridad pública, así como un mayor grado de profesionalidad a través de una carrera docente tanto vertical como horizontal. Según el PP, “el hecho de que el 50% de los directores tengan que ser elegidos por la Administración demuestra que el modelo actual de dirección no está funcionando”.

Quizá sea la FP el punto donde más fácil resulta para ambos partidos acercar posturas. La propia Cospedal aseguró tras la reunión con el ministro que “con una cifra de casi el 40% de los jóvenes españoles en paro, consecuencia de un sistema de FP, creemos que es necesario hablar y pactar sobre esta etapa educativa”.

También el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, reconoció el pasado miércoles en la Comisión de Educación que “la FP es un elemento en el que vamos a coincidir”. Gómez Trinidad, sin embargo, enumeró algunos inconvenientes, como el gran coste para las comunidades que supone la transformación de los ciclos de Grado Medio de 1.200 a 2.000 horas, o el retraso en la publicación de los certificados de profesionalidad a los que conducen los PCPI.

Alternativa a la Religión

Donde el Gobierno no estaría dispuesto a ceder de ninguno de los modos sería en lo referente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Sin embargo, sí que está abierto a implantar una materia alternativa a la Religión con contenido real. El temario tendría que ver con los conocimientos sobre el hecho religioso, o también existe la posibilidad de crear una materia que agrupe temas de sociedad, cultura y religión, de forma que el alumno conozca realmente cómo funciona la religión.

Cospedal afirmó tras la reunión con el ministro que “no podemos pactar para seguir igual, y tenemos que transformar lo que tenemos, ya que se ha demostrado que el modelo que tenemos desde 1990, que aparece con la Logse, no ha dado buenos frutos”. “La sociedad española en su práctica mayoría considera que es bueno que los dos grandes grupos políticos nos pongamos de acuerdo en la modificación de nuestro sistema educativo”, añadió.

A pesar de las posibles diferencias, la reunión, que duró apenas 30 minutos, finalmente se saldó con la satisfacción mostrada por ambas partes y con reconocimientos de buena voluntad política. Gabilondo aseguró que “había sido una reunión realista, comprometida con la Educación como una prioridad en nuestro país” y excusó la brevedad del encuentro en que “hemos optado por ir directamente a los asuntos, no darnos uno al otro conferencias, sino hablar sobre la viabilidad de los caminos. Conocemos bien nuestras posiciones, y no hemos necesitado hacer introducciones ni convencernos el uno al otro de nada”.

Gabilondo se concede como plazo “los próximos dos o tres meses para certificar si el Pacto es viable”. El ministro se volverá a reunir con Cospedal tras la ronda de contactos que realizará con los demás partidos. El jueves pasado ya lo hizo con el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida.

LA VERTEBRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

• En el fondo del desencuentro entre Gabilondo y Cospedal está la defensa por parte de los populares de “un modelo educativo único, vertebrador de toda España, que garantice la igualdad de todos nuestros jóvenes en cualquier parte del territorio nacional”. Esta premisa choca con la flexibilidad que permite el Gobierno a las comunidades para fijar los contenidos no comunes de sus respectivos currículos (el 35% en las autonomías con una sola lengua oficial y el 45% en las que tienen dos).
 
• Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso, Josep A. Duran i Lleida, dejó claro tras su entrevista con el ministro el pasado jueves que “CiU no pasará por una recuperación de las competencias autonómicas por parte del Estado. En primer lugar, porque no sería constitucional, y después porque cuanto mayor proximidad exista respecto a la comunidad educativa, mejor”. Duran i Lleida se mostró sorprendido de que “el PP se limite siempre a estas cuestiones” y lamentó que los populares “empiecen con mal pie el diálogo para alcanzar este Pacto educativo”.