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páginaEl País, lunes 6 de octubre de 2003. ESPAÑA. Página 17.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA LA ELEVADA PRECARIEDAD LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES.
El informe remitido al Congreso afirma que “se abusa de la eventualidad” y se “incumple la ley”.
LUIS R. AIZPEOLEA. Madrid.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha remitido al Congreso de los Diputados un informe en el que denuncia la elevada precariedad del empleo público detectada en las Administraciones local y autonómica y también, en bastantes menor medida, en la Administración central. El informe alerta sobre el “abuso de la eventualidad” entre los empleados públicos y el “incumplimiento de la ley” en las tres Administraciones. El texto, de 547 páginas, aporta abundantes datos sobre la temporalidad en la función pública y es consecuencia de las “numerosas quejas” que sobre el aumento de la eventualidad laboral ha recibido el Defensor del Pueblo “en los últimos años”. La temporalidad del conjunto de las tres Administraciones supera el 20%.
La
Administración
local
registra,
con
diferencia,
el
mayor
porcentaje
de
empleo
temporal,
un
32
%.
Le
sigue,
con
el
16,69%,
la
Administración
autonómica.
La
Administración
central
se
queda
en
el
1,61%;
tras
haber
traspasado
a
las
comunidades
la
precariedad
laboral
dé
la
sanidad,
con
un
20%.
Respecto
al
personal
laboral,
destacan
el
21,89%
de
temporalidad
en
la
Administración
central
y
el
26,34%
en
la
autonómica.
El
informe
sostiene
que
la
excesiva
temporalidad
incide
negativamente
en
los
servicios
públicos,
especialmente
en
la
sanidad,
con
el
mencionado
20%
de
precariedad
laboral;
en
la
enseñanza
no
universitaria,
donde
alcanza
el
18%,
Y
también
la
justicia,
con
un
41,92%
de
jueces
y
magistrados
sin
plaza
en
propiedad.
“La
excesiva
movilidad
y
la
falta
de
estabilidad
en
el
empleo
provoca
dificultades
para
llevar
adelante
un
proyecto
educativo
continuado,
lo
que
afecta
a
la
calidad
de
la
enseñanza”,
afirma.
Lo
mismo
sostiene
de
la
justicia.
Los sindicatos señalan que vienen denunciando la situación desde hace tiempo. Aurelio Palomares, secretario de acción sindical de la sección de Servicios Públicos de DGT, afirma que “desde que gobierna el PP, la temporalidad ha crecido insistentemente”. Tanto Palomares como el portavoz del PSOE en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, Ángel Martínez Sanjuán, sostienen que este crecimiento es consecuencia de la política presupuestaria del PP.
“Reducción de empleo”
Además,
según
Martínez
Sanjuán,
la
política
del
Gobierno
de
“reducción
del
empleo
público”
se
aplica
obligatoriamente
a
las
Administraciones
autonómica
y
local
porque
“la
Ley
de
Presupuestos
es
básica
en
materia
de
personal”.
Y
recuerda
que
el
PSOE
ha
enmendado
sistemáticamente
los
Presupuestos
en
esta
materia.
No
obstante,
Palomares
confía
en
una
reducción
de
la
temporalidad
en
los
próximos
años.
Ante
“la
situación
alarmante”,
Gobierno
y
sindicatos
alcanzaron
en
noviembre
de
2002
un
acuerdo
para
ir
mermando
la
precariedad,
de
manera
progresiva,
hasta
el
8%.
El
Defensor
del
Pueblo
afirma,
en
la
presentación
del
informe,
que
la
proliferación
de
empleados
públicos
“con
carácter
interino
o
que
trabajan
con
contratos
temporales
o
eventuales,
en
ocasiones
durante
largos
periodos”,
provoca
“situaciones
no
compatibles
con
el
marco
jurídico
por
el
que
se
debe
regir
el
acceso
y
la
permanencia
en
la
función
pública”.
Múgica
apela
al
Reglamento
de
la
Ley
de
Medidas
para
la
Reforma
de
la
Función
Pública
para
destacar
que
“los
nombramientos
en
régimen
de
interinidad
sólo
están
justificados
en
casos
excepcionales
de
estricta
necesidad,
en
los
que
resulte
inaplazable
la
cobertura
de
un
puesto,
y
que
los
mismos
sólo
se
pueden
realizar
por
un
tiempo
determinado,
que
será
el
imprescindible
para
que
las
plazas
correspondientes
puedan
cubrirse
por
funcionarios
de
carrera”.
La conclusión del Defensor es que “la experiencia acumulada, en la tramitación de las quejas recibidas estos años y en las investigaciones de oficio realizadas, nos ha llevado al convencimiento de que la realidad es muy distinta a la que recoge el citado marco legal”.
Abuso de la interinidad
Precisa
que
“los
problemas
que
se
derivan
del
abuso
de
las
interinidades,
en
puestos
que
deben
ser
desempeñados
por
funcionarios
de
carrera,
y
de
las
situaciones
de
eventualidad
y
temporalidad
en
aquellos
empleos
laborales
que
por
sus
características
deberían
tener
carácter
fijo,
nos
alejan,
en
este
campo,
del
modelo
de
función
pública
diseñado
por
legislador”.
Para
el
Defensor,
esta
situación
“perjudica
a
los
funcionarios
que
han
accedido
a
sus
empleos
superando
unas
pruebas
selectivas
y
que
ven
mermadas
sus
posibilidades
de
promoción
y
de
movilidad
por
la
presencia
de
interinos
que
ocupan
puestos
que
ellos
desearían
cubrir”.
También
perjudica
a
“los
aspirantes
a
un
primer
empleo
en
el
sector
público,
que
ven
con
preocupación
cómo
la
oferta
de
empleo
público
es
escasa
y
no
recoge
muchas
vacantes
ocupadas
por
personal
con
nombramientos
provisionales”.
Y,
por
último,
“al
propio
personal
interino
que
lleva
mucho
tiempo
desempeñando
funciones
y
que
desea,
lógicamente,
la
estabilidad
profesional”.
El informe denuncia “una gestión de los recursos humanos no ajustada a los principios de eficacia y eficiencia” y cuya consecuencia, advierte, es la creación de “un entramado de intereses contrapuestos, que da lugar a reivindicaciones contradictorias e irreconciliables entre sí”.
