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páginaABC. 6 de diciembre de 2006.
MADRID. «Nos han tomado el pelo durante todos estos meses». Esta era la sensación que ayer transmitía uno de los representantes del Episcopado, que prefirió permanecer en el anonimato, tras la reunión celebrada con altos responsables de Educación en la sede del Ministerio para negociar la regulación de la enseñanza de la religión católica y del profesorado de esta asignatura.
Y es que ayer tampoco hubo avances sustanciales con respecto a meses anteriores en los aspectos más conflictivos y comprometidos de la negociación, como refleja la nota de la Conferencia Episcopal al respecto. «Permanecen -dicen los obispos- dificultades fundamentales». Sobre el alcance de esas trabas, que «no han podido ser superadas», el comunicado menciona la «tutela de los derechos» de los padres, los profesores y la Iglesia.
Según la propuesta del Ministerio, la Religión será de obligatoria oferta para los centros y de libre elección para los alumnos, evaluable y computable, salvo para becas y Selectividad. En Secundaria Obligatoria (ESO) tendrá una doble versión, confesional y aconfesional (cultura e historia de las religiones).
Para los alumnos que no elijan religión en cualquiera de sus modalidades, los centros deberán procurarles la «debida atención educativa». Es precisamente éste uno de los motivos de preocupación de los obispos, ya que nadie explica cómo se configurará esa atención.
En el caso de la ESO, el Episcopado es partidario de que la versión no confesional (cultura e historia de las religiones) se establezca como auténtica alternativa a la versión confesional. Y ahí radica parte del desencuentro entre los miembros de la Comisión Mixta, según confirmó a ABC el propio secretario general de Educación, Alejandro Tiana. El secretario general advirtió que el Ministerio había hecho «el esfuerzo grande de acercar posiciones» para llegar «hasta donde podíamos», pero «debíamos garantizar el derecho tanto de los que quieren religión como de los que no la quieren». Los obispos defienden una alternativa reglada basada en que la religión debe ser equiparable al resto de las materias como determinan los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado.
Otro aspecto que preocupa, aunque no fue
objeto directo de la reunión, se refiere al horario en que se impartirá la
enseñanza religiosa. Algunos temen que se coloque al principio o al final de la
jornada escolar, lo que para el Episcopado supondría «en la práctica» una
reducción significativa del número de alumnos que la eligieran.
Los decretos recogen el mínimo de horas que tendrá la asignatura, pero son los
centros los que deben fijar su horario dentro de la programación general. Lo que
parece descartado, pese a que la Permanente del Consejo Escolar del Estado
aprobó una enmienda en este sentido, es que salga del horario lectivo, porque
«sería recurrible ante los tribunales», dicen fuentes oficiales.
La regulación que la Logse hizo de la
enseñanza de la Religión fue objeto de varios recursos que obligaron a la
Administración a rectificar. Uno de los más llamativo hacía referencia a la
alternativa, ya que se consideraba como tal los juegos de mesa. Esto fue
rectificado por el conocido como «decreto Pertierra», en alusión al ministro del
momento, que regulaba la opción como actividades de análisis y reflexión sobre
contenidos no curriculares acerca de aspectos de la vida social y cultural.
Además en dos cursos de la ESO y uno de Bachillerato, esas alternativas
versarían sobre cuestiones culturales relacionadas con las religiones (cultura y
religión).
A la espera de los decretos
Aunque la valoración definitiva sólo se hará una vez que el Ministerio haga
públicos los decretos que desarrollen la LOE (el de Primaria podría aprobarse en
el próximo Consejo de Minsitros), durante la pasada Plenaria los obispos
escucharon un informe sobre el estado de la cuestión, elaborado por el
vicepresidente del Episcopado, Antonio Cañizares. En el mismo, como indicó en
una entrevista a ABC el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, se concluía
que «va a ser muy difícil llegar a un acuerdo que sea realmente justo» porque
«el Gobierno parte de posiciones muy restrictivas, para que luego nos
conformemos con el 25 o 30% de lo que sería justo».
